Lo interesante del caso [de las editoriales coordinándose entre sí] no es solo que parece haber quedado acreditada la existencia de prácticas concertadas en detrimento de los consumidores y del Estado (este por vía ayudas a la compra de libros), ni siquiera la cuantía de la sanción (33,8 millones de euros); sino que el expediente de la Comisión ofrece algunos datos sorprendentes sobre el funcionamiento de un sector en el que la existencia de un “código de buenas prácticas” encubría, en realidad, conductas colusorias.
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