Vieira reconoce el acuerdo con la Comunidad de Madrid por el que los funcionarios reciben una compensación de la empresa privada a cambio de colaborar en un proyecto de renovación tecnológica de los juzgados. Argumenta que no vio necesario pedir la correspondiente autorización al CGPJ por no ser "funciones propias de su cometido" que suponen "un gran esfuerzo".
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