Según la normativa sobre limitación de pagos en efectivo, aprobada en 2012 con el objetivo de intensificar las acciones en la prevención y lucha contra el fraude fiscal, se fija en 2.500 euros el tope para este tipo de operaciones, aunque siguen surgiendo dudas sobre su aplicación, especialmente en aquellas transacciones que superan este importe y en las que hasta ahora era posible pagar parte al contado y parte por transferencia bancaria.
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