La Constitución de EE.UU detalla en su artículo número 1 (tercera sección, cláusula sexta) que, tras ser acusado de un delito grave ("traición, soborno u otros"), todo alto cargo del Gobierno puede ser sometido a un juicio político que puede acabar en su destitución. Un proceso que, tratándose del huésped de la Casa Blanca, requiere la implicación del Congreso y también del presidente de la Corte Suprema.
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