Llarena ha cometido una serie de irregularidades en la instrucción de su caso, que en cualquier país democrático serían inadmisibles; siendo recusado su caso inmediatamente. En cambio, en España, el mismísimo CGPJ apadrina sus irregularidades. Desnudando al Tribunal Supremo y a las profundas heridas a las que los políticos y gobernantes han sometido al órgano máximo de la Justicia española. Un tribunal que ha sido deteriorado en su calidad y convertido en un órgano politizado.
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