Con sus últimas reformas en materia penal y procesal, el Gobierno está abonando el terreno de la impunidad y preparándose una salida plácida en los tribunales ante los casos de corrupción que le acechan.. revisar todos los asuntos que a la fecha de entrada en vigor de la ley se hallen aún vivos, en fase de investigación, y a archivar los que hubieran excedido los plazos legales.. las acusaciones populares se verán reducidas a un mero papel testimonial, lo cual supondrá la impunidad para los presuntos delincuentes imputados por corrupción.
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