Un Gobierno en funciones no puede quedar exento de la fiscalización de las Cortes porque ello altería el equilibrio entre los poderes establecido en la Constitución, que requiere que el control sea efectivo en todo momento. Con ese argumento el Tribunal Constitucional acordó ayer, martes, dar la razón al Congreso frente al Ejecutivo de Mariano Rajoy en el conflicto que se planteó en 2016, cuando el Gobierno del PP se cerró en banda a responder a preguntas orales en el Pleno de la Cámara y a que los ministros comparecieran.
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