Las asociaciones de fiscales se plantan. Quieren evitar que entre en funcionamiento la norma que obliga a instruir los casos judiciales más complejos en un máximo de 18 meses. Están recogiendo firmas y han enviado una carta al ministro de Justicia Rafael Catalá para que suspenda la entrada en vigor de la ley porque "resulta de imposible cumplimiento con los medios personales y materiales con que se cuenta"
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