El proyecto de Código Penal, que actualmente se está debatiendo en el Congreso, supone un retroceso para los derechos humanos en España. Sigue sin tipificar adecuadamente los crímenes de derecho internacional, introduce la prisión permanente revisable sin garantizar la reinserción o rehabilitación, profundiza en la invisibilización de las personas migrantes, e incorpora graves restricciones injustificadas a los derechos de libertad de reunión y expresión
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