Gallardón ha comenzado este miércoles la campaña de márketing de su Ley de Enjuiciamiento Criminal. El ministro ha anunciado las teóricas novedades de la futura norma que, según ha vendido el ministro de Justicia, acabará con los "privilegios" de los cargos públicos cuando declaran ante el juez. A efectos prácticos, esas limitaciones suponen que ya no podrán testificar por escrito o en su despacho, como ocurre en la actualidad y como hizo hace bien poco Esperanza Aguirre, que sigue siendo diputada en la Asamblea de Madrid.
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