La inminente disolución de las Cortes por el adelanto electoral dejará en un cajón la ponencia encargada de estudiar la reforma de la Ley de protección de la seguridad ciudadana -aprobada en solitario por el PP en 2015 y rebautizada por sus detractores como ley mordaza– después de casi dos años de tramitación y de que se hubiera revisado en torno al 60 % del articulado. El nuevo Parlamento que salga de los comicios del próximo 28 de abril tendrá que determinar si recupera el trabajo realizado.
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