Pues bien, vistos ambos sistemas de tarificación, lo lógico sería apoyar un sistema en el que cada autor cobra por la efectiva utilización de su obra, sin dejar a la junta directiva de una asociación privada la decisión de basarse en unas estadísticas de uso y sin permitir la apropiación de un dinero de unos autores que no son socios. Sin embargo ¿qué ha hecho nuestro Ministerio de Educación, Cultura y Deportes? Pues todo lo contrario.
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