La reforma de la Ley de Propiedad Intelectual (LPI) que acaba de aprobar el Gobierno le puede costar a la Universidad española entre siete y ocho millones de euros al año. La modificación de esta norma aboca a la creación de un canon por el que las universidades, públicas y privadas, tendrán que pagar a CEDRO, la SGAE de los libros, cinco euros al año por cada uno de los aproximadamente millón y medio de alumnos que tienen por el uso de materiales académicos en los campos virtuales (manuales y textos universitarios).
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