El plan de regeneración democrática que negocia el Gobierno con los grupos de la oposición no entra a limitar las subvenciones que otorga el Estado a las fundaciones de los partidos políticos. El Ejecutivo evita así acotar estas ayudas en términos cuantitativos y sólo opta por reforzar el control de las mismas poniéndolas bajo la lupa del Tribunal de Cuentas, cuya fiscalización todavía no llega a estas subvenciones (sí a las donaciones). Es la justicia ordinaria la que se encarga de investigar los desvíos de fondos de las fundaciones.
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