Los autores del trabajo en cuestión consideran que el estado autonómico es un modelo confuso de delimitación competencial en cuanto a política de vivienda. Las comunidades autónomas han asumido con carácter exclusivo las competencias en materia de política de vivienda. Pero es el Estado la administración pública que aporta la mayor parte de los recursos que se destinan en España a política de vivienda, aunque la gestión de la misma corresponde a las comunidades autónomas. El Estado actúa sobre la política de vivienda a partir de su competencia
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