La repetición electoral que podría producirse el 10 de noviembre, en caso de no alcanzar un acuerdo de investidura, supondría un gasto extra de 180 millones de euros a las arcas del Estado. La organización de los comicios tiene una factura de unos 130 millones de euros, mientras que las subvenciones a los partidos políticos por los gastos que incurren en la campaña suele ascender a 44 millones.
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