Desde 2002, la población civil ha soportado la mayor parte de las sucesivas olas de violencia y de conflicto armado en el país. Miles de personas han sido asesinadas y violadas, y más de medio millón continúan desplazadas. La impunidad es una afrenta a las víctimas y un cheque en blanco a los perpetradores. La puesta en marcha del Tribunal Penal Especial fue un rayo de esperanza para las víctimas, pero los avances son lentos.
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