La Comunidad de Madrid impuso en septiembre una multa de 30.000 euros por cinco infracciones graves a una residencia de ancianos que el 2 de abril reconoció que los fallecidos por el covid-19 sumaban ya 50 aunque, a día de hoy, los familiares elevan la cifra a 89. Se trata de Vitalia Leganés, propiedad de uno de los grandes grupos privados que operan en el sector, una de las 13 intervenidas en Madrid y contra la que pesa una de las más de 20 denuncias recibidas por la Fiscalía madrileña tras la escalada de muertes en geriátricos.
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