Del fallo se desprende que la decisión sobre la entrega o no de Puigdemont por la imputación de malversación de fondos está pendiente de que las partes (de un lado, el fiscal del Estado de Schleswig-Holstein, que está sosteniendo la demanda judicial española, y, de otro, los defensores del encausado) aporten información adicional sobre si en el referéndum ilegal del 1-O se produjo una utilización efectiva de dinero público o si la mera asunción de compromisos financieros sería punible aunque no se hubiera llegado a realizar pagos reales.
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