El acuerdo -que en Argentina se declaró inconstitucional y en Irán no se llegó a convalidar- pretendía establecer una investigación conjunta del atentado contra la mutua AMIA de Buenos Aires, cuya autoría está atribuida al grupo Hizbulá y a exaltos cargos iraníes. Pese a que dos años atrás el magistrado federal Claudio Bonadio dictó el procesamiento de la actual vicepresidenta por los delitos de traición a la patria y encubrimiento agravado y pidió su detención, esta medida no pudo llevarse a cabo debido a los fueros que Fernández poseía
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