En su auto, el juez concluye que no puede perseguir estos delitos a través de la justicia universal que ha sido limitada por el Parlamento, pero sí a la luz de los tratados internacionales suscritos por España, en concreto los convenios de Ginebra y la Convención contra la Tortura que obliga a los países firmantes a perseguir los delitos que se cometan al respecto.
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