La sentencia del Tribunal Constitucional que en noviembre de 2016 examinó la constitucionalidad de esta norma, aprobada un año antes en el Congreso con el respaldo de PP, PSOE y UPyD, estableció claramente que con la ley en la mano sólo es posible poner en marcha un mecanismo de “cooperación reforzada” pero no privar a la Generalitat de sus competencias sobre la policía autonómica.
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