La Comisión de Derechos Humanos de Etiopía debería estar investigando abusos de las fuerzas de seguridad, pero su falta de independencia quedó puesta de manifiesto en su informe oral al Parlamento sobre las protestas en junio. Concluyó que la fuerza letal usada por las fuerzas de seguridad era proporcional al riesgo al que se enfrentaban por los manifestantes. Al menos quinientos civiles han sido abatidos desde noviembre y decenas de miles han sido detenidos durante las protestas.
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