En España hay alrededor de 800.000 viviendas vacías que son propiedad de entidades financieras. Hay más de tres millones de casas vacías. Hay gente sin casa, y casas sin gente. Hay también grupos políticos que, en vez de clamar y de actuar contra esta situación, prefieren estigmatizar a quienes luchan y reivindican el derecho de todos a tener una vivienda digna. Uno de cada tres niños españoles viven en riesgo de pobreza y exclusión social, según el informe publicado esta semana por Save the Children.

La justicia española ha condenado a María Isabel R., de 55 años, a dos años de cárcel. El 11 de enero de 2010, el día en que la desahuciaban, incendió su casa en El Vendrell (Tarragona) con ella y sus padres dentro.

La policía ha asaltado sin previo aviso el edificio, derribando las puertas de las viviendas y sacando a las familias a la calle sin permitirles llevar consigo ninguna de sus pertenencias. En total 30 familias, con muchos menores de edad, han sido puestas en la calle, ejecutando la petición de desalojo formulada por el Banco Popular, propietario del inmueble, que, al igual que ocurre con muchos otros, estaba sin uso alguno.

Casi diez horas ha durado el encierro de miembros de Stop Desahucios en la sucursal de Caja Duero ubicada en la avenida de Comuneros. Los miembros de la plataforma afirman que las “negociaciones han sido durísimas”.

"Cuando hay una crisis sistémica, los desahucios son inútiles", ha afirmado Correa, a lo que ha añadido que "el riesgo debe caer sobre el capital y no sobre el trabajo", de tal forma que cuando un deudor no pueda pagar su hipoteca, pierda su casa pero no continúe endeudado.

Inocencia tiene 103 años, vive frente al Palacio Real por 51 euros en un piso de 170 m2 desde hace muchos años y el Estado la quiere desahuciar.

“Los desahucios no tienen ningún sentido, a no ser que la economía esté pensada para favorecer al capital financiero y no a las personas”, dijo el presidente de Ecuador, Rafael Correa, en el encuentro con la comunidad ecuatoriana residente en Madrid en la noche del pasado jueves. Fue una de las muchas referencias que se hicieron respecto a esta situación a lo largo del acto. Cuando había dinero, los banqueros buscaban a los ciudadanos para ofrecerles casas, créditos con las que poder pagarlas y 50.000 euros más para que se compraran un coche...

La actividad carroñera del IVIMA (Instituto de la Vivienda de Madrid), especulando con la vivienda pública y social y vendiéndola a precio de ganga a Goldman Sachs, ya ha dado sus primeros frutos y a primeros de junio se producirán los primeros desahucios en varias promociones de Madrid en manos de Encasa Cibeles S.L Relaccionada: www.meneame.net/story/asi-desahucia-fondo-buitre

Eileen Battisti debía $ 6.30 en intereses sobre los impuestos del distrito escolar. Eso fue suficiente, un tribunal de Pennsylvania ha resuelto por segunda vez que Eileen debe abandonar su casa. El Juez Gus Kwidis del condado de Beaver negó la apelación de Battist.

Verónica lleva tres años en paro y vivía con su hija de 14 años en un piso de alquiler en un piso del Plan Municipal de Vivienda de Parla gestionado actualmente por la empresa Lazora. Tiene que pagar casi 400 euros pero sólo tiene 60 euros de ingresos al mes, así que las cuentas no salen. Un grupo de personas ha intentado paralizar el desalojo, pero la actuación policial ha hecho que desistiesen. Actuación que ha contado con agresiones, una de las cuales ha provocado un herido entre los manifestantes, que ha sido trasladado al hospital.

Un dispositivo de unos veinticinco antidisturbios, Policía Nacional y Policía Municipal de Parla, ejecutó ayer el desahucio de Verónica Carro, de 51 años, y ...

Ha ocurrido esta semana en Parla, Madrid. Una madre y una hija desahuciadas por antidisturbios de una vivienda social vendida a fondos buitre. Vecinos y activistas que intentaron frenar el desahucio de forma pacífica fueron maltratados y agredidos. Un compañero con las costillas rotas por la rodilla de un antidisturbio que se puso sobre él. Y todo pagado con nuestros impuestos, en nombre de la ley. Esto es violencia y el gobierno responsable se merece escrache permanente!

Los últimos años han sido complicados para José María Ruiz-Mateos. El polémico empresario vive una situación de ahogo financiero combinado con problemas judiciales. Su situación es tal que podría sucumbir a algunos de los males que han golpeado con más fuerza la clase trabajadora durante esta crisis: el desahucio.

Tras sufrir dos desahucios, Alicia volvió a entrar en la que fue su vivienda durante 15 años. Rosa también lo hizo y, desde dentro, consiguió negociar un alquiler social con la entidad que la desalojó. Una vez agotadas todas las vías legales, la ocupación se perfila como la única salida para las familias sin otra alternativa habitacional. Los ocupas se enfrentan a un posible delito de usurpación. La Obra Social de la PAH ha realojado ya a más de 1.100 personas en inmuebles vacíos, propiedad de bancos e inmobiliarias.

Jesús, 84 años. Mari, 82 años. Inocencia, 104 años. Estos y el resto de vecinos de un pequeño edificio de la madrileña calle de Bailén están a la espera de la sentencia definitiva de la Audiencia Nacional que dicte si finalmente se debe ejecutar la orden de desalojo que pesa sobre sus casas.

El Gobierno sostiene que no puede conceder más subvenciones al Centro de los Niños de la Guerra en Moscú porque esta entidad no ha reintegrado 21.000 euros que les concedieron en 2006 y que no fueron convenientemente justificados y que, por ello acumulan una deuda con Hacienda que supera los 25.000 euros, pero asegura que está buscando fórmulas para evitar el cierre del centro que está amenazado de desahucio por no poder hacer frente a la subida del alquiler decretada por el ayuntamiento de la capital rusa.

Lazora pone a disposición del colectivo de afiliados al Sindicato Unificado de Policía (SUP) estas promociones en las cuales se aplicará una renta especial para el colectivo. Así reza la propaganda colgada en la web del SUP, donde se especifica una oferta de hasta el 10% de descuento en la renta para las promociones de la comunidad de Madrid.

La portavoz de la Plataforma Afectados por la Hipoteca (PAH) Ada Colau ha denunciado en su Twitter que el Sindicato Unificado de Policía (SUP) “desahucia pisos sociales para el fondo buitre Lazora y éste le premia con descuentos”.

La PAH ofrece desde ayer en su página web ‘flyers’ descargables de los números ‘4’, ‘3’, ‘2’ y ‘1’ para que los afectados que quieran puedan “decorar” su sucursal bancaria más cercana con la cuenta atrás.