La policía ha asaltado sin previo aviso el edificio, derribando las puertas de las viviendas y sacando a las familias a la calle sin permitirles llevar consigo ninguna de sus pertenencias. En total 30 familias, con muchos menores de edad, han sido puestas en la calle, ejecutando la petición de desalojo formulada por el Banco Popular, propietario del inmueble, que, al igual que ocurre con muchos otros, estaba sin uso alguno.
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