Una respuesta a la ola de ataques desatada contra el movimiento ecologista desde distintos frentes (político, empresarial, mediático...) tras la sentencia del Tribunal Supremo ordenando la demolición de Marina Isla de Valdecañas.

La ecologista Paca Blanco denunció en 2008 el complejo turístico levantado en zona protegida de Extremadura, Isla Valdecaña. Está contenta con la sentencia del Tribunal Supremo que ordena su demolición, aunque empieza a dudar que ella llegue a verlo.

[MURO POROSO] Para poder cumplir con el compromiso de recompra de las viviendas, la empresa, que no dispone de esa cantidad porque está en concurso de acreedores, cuenta con ganar en los tribunales la reclamación patrimonial en la que pide a la Junta de Extremadura 192 millones de euros. La empresa la presentó en el año 2015, y el Gobierno regional acordó no tramitarla mientras la causa judicial estuviera abierta.

Unas palabras de agradecimiento y apoyo a Paca Blanco, militante histórica del ecologismo peninsular, en estos momentos agridulces de reconocimiento judicial de su causa y, a la vez, de acoso mediático.

El colectivo, que agrupa a 22 municipios y representa a más de 20.000 habitantes, pide a la Junta que recurra donde haga falta para evitarlo

Leo hoy recién levantada que el Gobierno de Guillermo Fernández Vara va a plantear a los grupos de la Asamblea de Extremadura que trasladen al Congreso un cambio en la legislación estatal del suelo, de forma que se pueda indultar el complejo residencial Marina Isla de Valdecañas, que el Tribunal Supremo ha ordenado derruir. Una obra que sentencia tras sentencia, todas las instancias judiciales han determinado que es ilegal y que debe demolerse.

El 74% de los encuestados (mil personas) cree que el derribo tendría más costes medioambientales que beneficios y la mayoría apoya también la modificación de la Ley de Suelo estatal para permitir más usos en zonas Zepa, mientras que el 80% apoya que se recurra a todas las instancias judiciales posibles para evitar la demolición.

El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha insistido este jueves en que no hay una "declaración expresa" sobre la zona ZEPA del embalse de Valdecañas, en la provincia de Cáceres. Por su parte, la portavoz de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, ha lamentado el "culebrón" montado en relación con Valdecañas, que es, en su opinión, "bastante esperpéntico". "No solo han puesto ustedes en duda la credibilidad de los jueces, que por cierto, ayer salió la sentencia del Tribunal Supremo rechazando el recurso que…

El Tribunal Supremo ha ratificado la sentencia de derribo completo de la urbanización turística Isla de Valdecañas (Cáceres) que dictaminó el 9 de febrero al denegar el incidente de nulidad planteado por los propietarios de las viviendas del resort y por la Junta de Extremadura, que alertaron de la presunta incompatibilidad de dos de los cinco magistrados que dictaron el fallo del alto tribunal. En su opinión, deberían de haberse abstenido en la causa.

El Tribunal Supremo (TS) ha desestimado por completo los argumentos que había presentado la Junta de Extremadura y la comunidad de propietarios de Marina Isla de Valdecañas para evitar la demolición de la urbanización ilegal. De esta manera, el Supremo vuelve a dar la razón a la organización Ecologistas en Acción como ya lo hizo el pasado 8 de febrero.

El Tribunal Supremo ha dictado un auto en el que rechaza la anulación de la demolición de la urbanización ilegal, tal y como solicitaban la Junta de Extremadura y los propietarios de Marina de Valdecañas.

El gobierno de Extremadura está trabajando en la elaboración de una proposición de ley (dirigida al Congreso de los Diputados) cuyo fin último sería abrir la puerta a la urbanización de espacios protegidos de Red Natura 2000 (enclaves de valor natural con sello europeo). Es la respuesta de la junta extremeña a la reciente sentencia del Supremo que le obliga a la demolición de la urbanización Marina Valdecañas (en los municipios El Gordo y Berrocalejo, en Cáceres).

Este resort de lujo fue construido sobre unos terrenos con protección medioambiental. A la Junta se le acaban las opciones y, sin embargo, allí la vida sigue como si no pasara nada. En febrero, el Tribunal Supremo condenó a todo el complejo Marina Isla de Valdecañas —que incluye un hotel de cuatro estrellas, el mejor campo de golf de la meseta, un puerto deportivo o 185 villas unifamiliares— a ser demolido, dado que está construido ilegalmente sobre terrenos que gozaban de protección medioambiental. La sentencia es impepinable.

El pasado año, los desembalses de Iberdrola les impidió poder regar durante una semana. Este año, un fallo en las bombas les ha dejado sin agua 15 días

El Tribunal Constitucional ha admitido a trámite el recurso presentado por la Junta de Extremadura, los propietarios de las viviendas, la promotora del resort y los ayuntamientos de El Gordo y Berrocalejo contra la sentencia del Tribunal Supremo que ordena la demolición al completo del complejo Isla de Valdecañas. La decisión no se ha tomado por unanimidad: seis magistrados han votado a favor y cinco en contra. Se abre así una nueva puerta a mantener en pie el resort de lujo.

Vía libre a la ley del PSOE para evitar el derribo de Valdecañas. La Junta no encuentra «ningún inconveniente» para que el texto se pueda tramitar en la Asamblea de Extremadura, por lo que el siguiente paso será su debate en el pleno. Gracias a la mayoría absoluta socialista la propuesta ya tiene asegurada su aprobación..

Por más que lo estudio sólo veo tristes semejanzas. Ambas actividades económicas suponen un deterioro ambiental. Ya sea con regadíos de aguas subterráneas o con una urbanización ilegal de lujo. Ambas actividades han sido declaradas ilegales, mediante las sentencias de los tribunales superior de justicia, supremo y constitucional en Valdecañas o a través la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en Doñana.

La Junta de Extremadura inicia los procesos para la demolición de la parte a medio construir del complejo Isla de Valdecañas, tal y como recoge la sentencia correspondiente. Un trámite, con sus pasos tasados, como subrayaba el consejero portavoz en funciones, Juan Antonio González. Que asegura que primero se realizarán estudios de impacto ambiental, porque podría darse la circunstancia de que la demolición fuera más dañina para el medio ambiente, que el mantenimiento de las estructuras y edificaciones.