El 74% de los encuestados (mil personas) cree que el derribo tendría más costes medioambientales que beneficios y la mayoría apoya también la modificación de la Ley de Suelo estatal para permitir más usos en zonas Zepa, mientras que el 80% apoya que se recurra a todas las instancias judiciales posibles para evitar la demolición.
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