El decreto ley prevé la eliminación de trámites que hasta el momento han sido considerados importantes. Es el caso de la evaluación de impacto ambiental para determinados proyectos urbanísticos

El Gobierno regional rechaza presentar recurso ante el Constitucional, anulándose definitivamente la enajenación de 2.935 VPO al fondo buitre realizada en 2013.

A partir de finales de enero, los pisos que se vendieron en régimen de cesión de derecho de superficie en Atotxa se podrán sacar al mercado, aunque algunos tendrán un precio libre, que algún propietario ya ha fijado en más de 600.000 euros, mientras que el resto no podrán alcanzar los “ciento y poco mil” euros, según calculan fuentes municipales. La realidad da como resultado que el precio entre unos y otros tendrá una diferencia de medio millón de euros.

De un total de 772 viviendas protegidas en el denominado “Manhattan bilbaíno”, el 28,1% de las VPO y VPT proyectadas han sido edificadas por dos constructoras que cuentan con apoyos de personalidades de la política en Euskadi: Amenabar y Urbas.

En el reciente proceso de desahucio y realojo de la Corrala Utopia y la crisis del Gobierno Andaluz hemos asistido, en días, a dos procesos de desinformación interesada masivos: a)Confusión de asignación de vivienda VPO con realojo de emergencia b)Presuntas cesiones de Izquierda Unida para el cierre de la crisis del Gobierno andaluz ¿Qué hay detrás de ellas? ¿Por qué las realizan al unísono el conjunto de los medios oficiales y se incorpora el sector más sectario de los “alternativos”? Lo que hay es miedo, mucho miedo.

Ha comenzado a enviar cartas a los alcaldes y presidentes de diputaciones para que se comprometan a darle salida a las más de 5.600 que calcula que controlan, "igual que ha hecho la Junta de Andalucía con sus 638". La consejera detalla que la Junta de Andalucía ha procedido desde 2001 a 637 realojos como el de la Corrala Utopía porque "está previsto en la ley" y es una medida "excepcional" por "riesgo de exclusión social".

los afectados por la eliminación de las ayudas a la subsidiación para la compra de vivienda protegida siguen esperando a que el ministerio de fomento cumpla la promesa anunciada hace dos meses.

Apoyo “oficial” de la defensora del pueblo a la apertura de un nuevo plazo de 6 meses para presentar la solicitud de prórroga (afectados rd20/2012) Gran éxito de la coordinadora Un paso más en la recuperación de nuestros derechos injusta e ilegalmente sustraídos. ¡seguimos en la lucha! El ministerio cambió los criterios ministeriales para los afectados del rd20/2012, pero excluyó a los afectados que no tenían presentada la solicitud.

El anterior presidente, Ignacio González, cedió gratis siete locales a dos diócesis madrileñas, una de ellas dirigida por el obispo Reig Plá, conocido por sus comentarios homófobos. El acuerdo se firmó mientras se ejecutaba la venta de 3.000 viviendas de protección oficial a un fondo buitre, una operación que dejó sin alquiler social a sus inquilinos. El gobierno de Cifuentes no ha querido explicar si van a mantener la cesión gratuita, que tiene una vigencia de 30 años.

Julia y su hija Paloma fueron desahuciadas al no poder hacer frente al alquiler después de que el Ayuntamiento de Madrid, dirigido por Ana Botella, vendiese su casa a un fondo buitre. Paloma falleció unos meses después del desalojo; su madre asegura que su depresión se agravó durante el proceso de desahucio.

Sus filiales ofrecieron promociones de Madrid y Barcelona como garantía para firmar cinco préstamos hipotecarios por 35 millones de euros en diciembre de 2015.Entre las hipotecadas hay viviendas sociales compradas al Ayuntamiento de Madrid, casas del Plan Joven de la Comunidad y de protección oficial de la Generalitat en Barcelona.. el pasado 23 de febrero debía declarar como investigado el antiguo gerente de esa entidad Juan Van Halen. Van Halen, que saltó de Madrid al Ministerio de Fomento, fue reclamado por algunas de las acusaciones..

Blackstone se hizo con casi 2.000 pisos públicos en una operación que ha sido calificada como fuera de la ley por la Cámara de Cuentas de Madrid.La exalcadesa se preguntó:"¿De qué problemas habla?", cuando los inquilinos informaron de que la dueña subía los alquileres para renovar los contratos y comunicaba procesos de desahucio.La operación buscaba fondos para evitar la desaparición de la Empresa Municipal de Vivienda, ahogada por el endeudamiento al que se la había llevado.

Blackstone rebajó su oferta ya "definitiva y vinculante" aduciendo que había más vecinos que no pagaban la renta de los anunciados: la empresa municipal aceptó "sin la menor prueba". No fue la única concesión: la compradora incluyó mejoras en su propuesta que luego no ha cumplido ni le han sido exigidas aunque contaron para adjudicarle la venta.

Alba vive con sus hijos en un piso de la Agencia de la Vivienda Social de Madrid que fue adjudicado a su abuelo en 1959 y pagó hasta que murió en 1995. Una sentencia de 2001 estableció que solo los hijos, y no los nietos, tienen derecho a subrogar un VPO, aunque ella recurrió el fallo. La empresa pública dependiente de la Comunidad de Madrid le da hasta el 7 de mayo para comprar el piso por 54.000 euros o quedarse en alquiler social. Los ingresos de la unidad familiar de Alba se limitan a 387 euros procedentes de la Renta Mínima de Inserción.

Euskadi es la única comunidad autónoma con la calificación permanente de VPO para todas sus viviendas protegidas. En el resto de España, la duración del período de calificación (tras el cual las viviendas protegidas se convierten en pisos libres) más extendido es de 30 años, aunque hay comunidades que lo dejan en 20

Vivienda mantiene cuatro promociones en Granada, Almería y Jaén sin inquilinos desde hace años. No logra venderlas ni alquilarlas. Uno de los bloques fue reconvertido en residencia de estudiantes, con un sobrecoste de 176.000 euros, pero cerró por falta de demanda. El Defensor del Pueblo andaluz denuncia que la mala gestión de la vivienda pública “incentiva” a los ocupas.

La justicia ha admitido la demanda de desahucio de la empresa contra la familia Mejías por "expiración del término" del contratoEsta familia es la única a la que, sin explicaciones, Fidere no ha renovado el alquiler tras diez años pagando sin demoras, pero siguen viviendo allíEste procedimiento se está desarrollando a la vez que una instrucci&oacute

1000 familias que viven en viviendas de vpo sorteadas hace 11 años, en 2013 fueron vendidas a un fondo buitre por una media de 72k/casa, Fidere. Quedan menos de 2 meses para que tengan que decidir si comprar a 180k y 5 meses para que se haga efectivo. Llevan años luchando por un precio justo. Han llevado sus reivindicaciones y movilizaciones hasta YouTube a través de un video donde vienen a denunciar la situación.