Una trabajadora denunció acoso laboral tras ser despedida por el partido en plena batalla lanzada desde la dirección nacional para impulsar a la corriente afín. Podemos reconoce la improcedencia del despido e indemniza a la trabajadora con 8.000 euros. Es el primer revés judicial para el partido en Valencia después de que se despidieron a un total de ocho trabajadores aprovechando la reforma laboral de Mariano Rajoy que, en teoría, Podemos quiere revertir. Podemos asume que el despido fue improcedente. La exempleada alegaba despido ideológico.

La empresa argumentaba una crisis estructural en el sector aeronáutico, pero se amparaba en la situación coyuntural de la epidemia para practicar un despido colectivo. El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco lo ha declarado nulo al razonar que el marco jurídico establecido en la pandemia el que debe predominar en los ERE actuales.

El juez que firma la resolución, declara nula la actual regulación sobre el régimen indemnizatorio del despido improcedente. En su opinión, el artículo 56 del Estatuto de los Trabajadores, “aparentemente vigente”, vulnera el artículo 10 del Convenio OIT, que entró en vigor para España en 1986. El juez dictamina que la ley no puede dejar esta opción en manos del empresario incumplidor. De esta forma, se igualarían los efectos entre el despido improcedente y el nulo (reservado para ceses discriminatorios u otra vulneración de derechos fundamental

José Manuel Calvente y Podemos han llegado a un acuerdo mediante el cual la formación reconoce el despido improcedente del que fuera su abogado. El letrado fue despedido en enero del partido que dirige Pablo Iglesias al ser acusado de acoso sexual hacia una trabajadora del equipo legal morado, Marta Flor Núñez. El abogado ha renunciado a pedir la nulidad del despido y recibirá una indemnización de Podemos. A través de un comunicado, el abogado celebra que se despejen las dudas sobre las acusaciones de acoso sexual “que jamás existió".

En muchas ocasiones, las únicas pruebas o indicios que tiene el trabajador de un acoso, de una represalia, de unas horas extras ilegales o de la realización de funciones superiores son las grabaciones de llamadas o conversaciones y los mensajes o audios de whatsapp o aplicaciones similares.

El TSJM ha dado la razón a Nico Abad tras ser despedido de Mediaset acusado de no cumplir con los términos de exclusividad de su contrato. La cadena le ha indemnizado con casi 300.000 euros.

El Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB) ha declarado improcedente el despido del gerente de un supermercado de Mallorca por quedarse productos de la tienda que se iban a tirar.

El canal del Frente Obrero denuncia el despido improcedente de uno de sus miembros, tras organizar el escrache a Yolanda Díaz, cuando explicaba su proyecto electoral. Daniel A. trabajaba como psicólogo en el Punto de encuentro familiar en Torrent. Días después del escrache fue despedido por orden directa de la Generalitat de Valencia, en concreto de la vicepresidenta de la Consejería de igualdad y políticas inclusivas, Aitana Mas. El motivo de su despido no se consideraría justificado ya que tenía un buen rendimiento en su trabajo.

Poco después de tomar posesión como presidenta de la Comunidad de Madrid tras su aplastante victoria del 4 de mayo, Isabel Díaz Ayuso sacaba adelante su primera ley con la ayuda de Vox: el asalto a Telemadrid. Ahora, los juzgados y tribunales están declarando improcedentes la mayoría de estos despidos y obligando a Telemadrid a readmitir o indemnizar a media docena de afectados, desde el entonces director de Informativos hasta la jefa de Nuevos Proyectos.

Así lo ha constatado el Tribunal Superior de Justicia de Madrid que, en una reciente sentencia, declaró como improcedente el despido de un trabajador que no se reincorporó a tiempo a sus labores, a pesar de que la empresa intentó avisarle por carta y correo electrónico. El problema estuvo en que no lo hizo por WhatsApp.. Según detalla la sentencia, la empresa notificó la fecha de reincorporación de un ERTE al trabajador en 4 ocasiones, 2 de ellas por correo electrónico...

La red social de moda TikTok se ha convertido en un detective gratuito para las empresas, pues permite averiguar los malos comportamientos de los empleados al ser una aplicación pública y de gran alcance. En concreto, tres Tribunales Superiores de Justicia han avalado el despido de trabajadores que estaban de baja médica y subían vídeos bailando o, también, que hablaban mal y se burlaban de los clientes.

Las nuevas ayudas al empleo entran en vigor en septiembre, pero el reintegro de ayudas exigido a empresas que 'se fuguen' lo hará mañana. Las empresas que extingan contratos bonificados a través de un despido reconocido o declarado improcedente o por medio de un despido colectivo quedarán excluidas durante un año de los incentivos a la contratación laboral.

La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha confirmado el despido de un trabajador de Atos Global Delivery Canarias S.L que se auto llamaba en su jornada laboral para mantener la línea ocupada y así eludir las llamadas de trabajo. Lo llegó a hacer hasta en 190 ocasiones. Cuando le recriminaron los hechos, éste manifestó que otras personas hacían lo mismo y seguían en la empresa.

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJCat) ha otorgado, por primera vez, una indemnización adicional a la legal de 33 días por año de servicio en un caso de despido improcedente, calculada a partir del desempleo no percibido.

El alto tribunal gallego considera que el despido fue improcedente, aunque no nulo porque, al abrirse el maletín sin justificación, se vulneraron sus derechos fundamentales. Considera que la persona que lo abrió, otra trabajadora de la Confederación, no lo hizo con el ánimo de incurrir en esa vulneración de derechos, lo que es “una circunstancia atenuatoria relevante”. Con este acto inicial ilegal, se aplica la doctrina del 'fruto del árbol envenenado' y se declara improcedente el despido, por basarse en una prueba nula.

La empresa tendrá que optar entre readmitirlo o indemnizarlo con 10.370,14 euros. Encargado de barra de Ultramarinos Quintín, de Madrid, por no apreciarse en la grabación si la botella de la que se sirvió una copa durante su servicio era de alcohol. La juez María Sánchez Rivero, en funciones de sustitución, ha estimado la demanda que este trabajador presentó contra la empresa.

Demandas por despido reclaman una “compensación adicional resarcitoria” junto a la indemnización legal (33 días por año). Los laboralistas se apoyan en la normativa incluida en la Carta Social Europea, que en su artículo 24 recoge “el derecho de los trabajadores despedidos sin razón válida a una indemnización adecuada o a otra reparación apropiada”. Esta normativa fue ratificada por el Gobierno y publicada en el BOE el 11 de junio de 2021. Con ello se convirtió entonces en una normativa directamente aplicable por los jueces si así lo estiman.

La empresa prescindió de este empleado tras contratar a un detective y demostrar que este no llevaba a cabo su jornada como se había establecido. La justicia le da la razón porque hacía horas extra y trabajaba durante los fines de semana, festivos y vacaciones

Anulan el despido de un comercial que ganaba 5.700 euros al mes porque sus "ratos de asuntos propios" en horario laboral en los que llevaba y recogía a su hija en el colegio y que en ocasiones frecuentes se iba al gimnasio, a jugar al pádel o a tomar algo, los compensaba trabajando a deshoras, en fin de semana y hasta en vacaciones.

Los magistrados han entendido que no hizo sobreesfuerzos, que sólo llevaba bolsas con algunos enseres, que había terminado la rehabilitación y que era un caso aislado. El camionero demandó a la empresa al no estar conforme con el despido y el Juzgado de lo Social Nº3 de Madrid le dio la razón. El magistrado consideró que en la conducta del trabajador no concurrían las notas de gravedad y culpabilidad exigibles teniendo en cuenta diversos factores. Fue un acto aislado que no supuso ni un entorpecimiento en su curación ni perjuicios a la empresa.

Se trata del caso de una empleada de Insignia Rehabilitación y Arquitectura, una empresa con la que firmó un contrato temporal de un año de julio de 2020 a julio de 2021, que incluía una cláusula que especificaba su duración y establecía un periodo de prueba sin determinar. La trabajadora fue despedida en noviembre de 2020 por no haber superado dicho periodo de prueba, que no estaba especificado, aunque en el convenio colectivo figuraba un periodo máximo.