La sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europa sobre la inmunidad de Oriol Junqueras supone un nuevo “baño de realidad” para el Tribunal Supremo español. Son ya varias las ocasiones en las que distintas instancias judiciales europeas han pinchado la burbuja política-jurídica en la que se encuentran el Tribunal Supremo, la Audiencia Nacional, el Tribunal Constitucional y la Fiscalía General del Estado. En cada ocasión que esto ha sucedido, nuestro poder judicial ha puesto un parche y ha vuelto a inflar el globo.

Una musulmana de 16 años podrá seguir acudiendo al colegio con velo integral, tal como decidió el Tribunal Superior de Hamburgo. Previamente, las autoridades habían ordenado a su madre que se asegurara de que su hija,alumna en una escuela de formación profesional, no llevara el rostro oculto en clase y la multaron con 500 € por no cumplir con la prohibición. No obstante, un tribunal sentenció que la ciudad no puede imponer tal prohibición y que la adolescente tiene derecho a practicar su libertad de religión sin restricciones, según el tribunal

El Tribunal Constitucional español fijó como estrategia la admisión a trámite de recursos de los presos políticos para impedir la internacionalización del juicio contra el proceso en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Así lo ha filtrado un sector del TC a la agencia Europa Press, a pesar de que no hay ninguna comunicación oficial del tribunal sobre la cuestión. Este modo de proceder se estableció respecto de cerca de medio centenar de recursos de amparo presentados por los presos políticos contra disposiciones del Tribunal Supremo español

El Tribunal Constitucional fijó como estrategia la admisión a trámite de recursos de presos del 'procés' independentista en Cataluña para impedir la internacionalización del juicio que se celebró en el Tribunal Supremo en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.Este modo de proceder se estableció respecto de cerca de medio centenar de recursos de amparo presentados por los hoy condenados por el 'procés' independentista en Cataluña contra disposiciones del Tribunal Supremo, y ello permitió dejar estos asuntos fuera del alcance del órgano [...]

Si el PP ha subvencionado gastos de encuestas como afirma Lanuza, incumpliendo la ley, y el Tribunal de Cuentas ha hecho la vista gorda, entonces estaríamos ante un delito de prevaricación en el Tribunal de Cuentas. El Tribunal de Cuentas no puede validar la subvención de esos gastos. En las instrucciones que facilitan a los partidos políticos “Los gastos derivados de la realización de encuestas electorales sobre intención de voto en periodo electoral, no se estiman comprendidos en los conceptos recogidos en el citado artículo 130 de la LOREG”

El magistrado Fernando Valdés ha renunciado a su puesto en el Tribunal Constitucional a consecuencia de la causa judicial que tiene abierta en el Tribunal Supremo, que le ha procesado recientemente por un delito de malos tratos en el ámbito familiar. Fuentes del tribunal de garantías han informado de que Valdés ha presentado este miércoles su renuncia al presidente del Tribunal Constitucional, Juan José González Rivas.

El tribunal superior de la provincia de Sindh ha dictaminado que Omar Saeed Sheij debe ser liberado, según ha contado a DPA su abogado, Jawaja Naveed. En abril, esa misma corte determinó que la pena de muerte impuesta contra Sheij por un tribunal inferior hace 18 años se basó en pruebas defectuosas y también suspendió las cadenas perpetuas dictadas contra tres cómplices. Los cuatro procesados deberían haber salido de prisión tras el fallo dictado por el tribunal superior el 2 de abril pero no fueron liberados.

El Tribunal Supremo remitirá esta misma semana la causa contra la ya presidenta del Parlament, Laura Borràs, para que sea el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya quien asuma la competencia y continúe con la investigación.Una vez que se dicte el correspondiente auto de inhibición y toda la causa esté en el TSJC , la Sala de lo Civil y Penal del citado tribunal deberá nombrar al instructor del procedimiento, el cual una de las primeras diligencias que adoptará será citarla a declarar como investigada

El Tribunal Supremo ha certificado que un español no es hijo del cantante Julio Iglesias. Los jueces de la sala de lo civil han decidido inadmitir un recurso contra la resolución de la Audiencia de no reconocerle como hijo del artista: los tribunales que han estudiado el caso entienden que ya fue juzgado en el pasado por otros tribunales y que no procede una nueva decisión.

El Tribunal de Cuentas debe comunicar a finales de junio a una cuarentena de ex altos cargos del Govern las fianzas que les reclama por el dinero que presuntamente considera que se desvió para las denominadas 'embajadas catalanas' y al Consell de la Diplomàcia Pública de Catalunya, conocido como Diplocat. Según una estimación realizada por su abogado a partir del expediente individualizado remitido por el tribunal contable, 4,5 millones de euros es la fianza que el tribunal reclamará al secretario general del Diplocat entre 2013 y 2017.

El Tribunal de Cuentas reclama más de 5 millones de euros por la promoción exterior del proceso independentista catalán. No es la única cantidad que se pide, pues otro expediente señala otros casi cinco millones de euros, por lo que la suma total se acerca a los 10 millones. El Tribunal de Cuentas no está coordinado con el gobierno español , sino más bien al contrario. Para entender bien qué es lo que está pasando, es importante saber qué es el Tribunal de Cuentas y, sobre todo, quien lo compone.

El jueves pasado, en su último pleno, varios consejeros del Tribunal de Cuentas preguntaron a su presidenta, María José de la Fuente, por la renovación del órgano fiscalizador, cuyo su mandato de nueve años concluye el 17 de julio. Y la presidenta reconoció que “no sabía nada”, según fuentes del tribunal. De la Fuente envió en abril un escrito a la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, requiriendo el relevo en tiempo y forma de los 12 consejeros del tribunal, pero no obtuvo respuesta.

En 2013, el Tribunal Supremo -con el respaldo del Constitucional- alertó de la peligrosa politización del Tribunal de Cuentas, en manos de cargos designados a dedo por el PP -sobre todo- y por el PSOE, en lugar de los funcionarios de carrera que corresponderían a una institución saneada. Actualmente, este Tribunal cuenta con once miembros. Siete de esos once consejeros, presididos por María José de la Fuente (PP), son del Partido Popular. Entre ellos el hermano del expresidente José María Aznar, Manuel Aznar.

La causa de Exteriores sobre el Tribunal de Cuentas analiza con lupa la acción de la Generalitat en el extranjero entre 2011 y 2017 y cuestiona viajes, conferencias y estudios que a su parecer tienen que ver con el Procés y suponen un gasto irregular. Un cuestionamiento en toda regla de lo que puede hacer el gobierno catalán que lleva al tribunal a reclamar más de cinco millones de euros a una treintena de ex cargos. Ahora bien, no siempre que el Tribunal de Cuentas ha analizado la acción exterior de Catalunya la ha cuestionado

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha condenado a Polonia por retirar a una madre la custodia de sus cuatro hijos debido a su orientación sexual. El alto tribunal europeo, por acuerdo de seis de los siete jueces encargados del caso (el séptimo, de nacionalidad polaca, se ha desmarcado del fallo que condena a su país) considera que los tribunales polacos que actuaron en los dos procedimientos judiciales analizados violaron los artículos 8 y 14 de la Convención Europea de Derechos Humanos.

En el Tribunal Supremo existe un malestar mal contenido, incluso estupor generalizado, con los últimos nombramientos para el Tribunal Constitucional pactados por el PSOE y el Partido Popular. Desde que se anunció que ambas partes se habían puesto de acuerdo para sacar adelante cuatro plazas de magistrado para el tribunal de garantías, las quinielas empezaron a funcionar. Diversos nombres salieron a la palestra y casi todos provenían del Tribunal Supremo.

El fundador de Wikileaks, Julian Assange, ha ganado el derecho a pedir al Tribunal Supremo que bloquee su extradición a Estados Unidos. El Tribunal Superior dictaminó el lunes que podría haber planteado un punto legal que los jueces del Tribunal Supremo podrían considerar. El fallo significa que Assange puede solicitar al máximo tribunal del Reino Unido una audiencia, paralizando por ahora cualquier extradición desde el Reino Unido. Se le busca en Estados Unidos por la publicación de miles de documentos clasificados en 2010 y 2011. En dicie

Ya era bastante difícil revisar una sentencia en un tribunal federal de los Estados Unidos, y su tribunal supremo acaba de hacerlo aún más difícil el pasado lunes. En una decisión por 6 votos a 3 el tribunal dijo que dos personas sentenciadas a muerte no tenían derecho a presentar nuevas evidencias en un tribunal federal demostrando que habían tenido abogados ineficientes durante el juicio. Esta decisión aumenta las posibilidades de que gente inocente o no merecedoras de la pena sean encarceladas y ejecutadas.

El auto del Tribunal Constitucional por el que se prohibió al Senado, el pasado 19 de diciembre, continuar la tramitación legislativa de las dos enmiendas dentro de la reforma del Código Penal para desbloquear la renovación del propio tribunal de garantías establece que si las Cortes "rebasan los márgenes de la Constitución", el tribunal tiene "la irrenunciable responsabilidad" de "limitar la capacidad de actuación del legislador".

Los tribunales han acordado al menos 978 reducciones de pena en aplicación de la Ley Orgánica 10/2022, de 6 de septiembre, de garantía integral de la libertad sexual, según los datos recabados hasta el día 31 de marzo por el Consejo General del Poder Judicial del Tribunal Supremo, la Audiencia Nacional, los Tribunales Superiores de Justicia y las Audiencias Provinciales. Estas resoluciones han supuesto al menos 104 excarcelaciones, advirtiéndose de que algún órgano judicial no ha aportado esta información.

La Sala Primera del Tribunal Constitucional (TC) ha dejado para más adelante la toma de cualquier tipo de decisión sobre los efectos del fallo del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), que condenó el 22 de junio pasado a España porque el máximo tribunal de garantías inadmitió el recurso de amparo que interpusieron en 2020 seis magistrados de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria. La cercanía del proceso electoral induce a pensar que los magistrados dejarán que pase para no interferir.

El Tribunal Supremo ha desestimado el recurso presentado por la Comunidad de Madrid (CAM) contra el Real Decreto de Bachillerato que, desde el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso se había interpuesto alegando "falta de contenidos, elevada carga ideológica y vulneración de derechos". Sin embargo, el magistrado ponente, José Luis Requero, asevera que el tribunal considera que “la CAM mal puede reprochar al anexo II una exhaustividad, que ahoga la posibilidad de ejercer sus competencias, cuando ha dictado el Decreto 64/2022

El máximo tribunal de Naciones Unidas rechazó el martes la solicitud de Nicaragua de ordenar el cese de la ayuda militar alemana a Israel y renueve el financiamiento a la agencia de ayuda de la ONU en Gaza. La votación fue 15 a 1.“Basándose en la información fáctica y los argumentos jurídicos presentados por las partes, el tribunal concluye que, tal como están presentes, las circunstancias no son tales que requieran el ejercicio de su poder... para indicar medidas provisionales”, dijo Nawaf Salam, presidente del tribunal.