El auto del Tribunal Constitucional por el que se prohibió al Senado, el pasado 19 de diciembre, continuar la tramitación legislativa de las dos enmiendas dentro de la reforma del Código Penal para desbloquear la renovación del propio tribunal de garantías establece que si las Cortes "rebasan los márgenes de la Constitución", el tribunal tiene "la irrenunciable responsabilidad" de "limitar la capacidad de actuación del legislador".
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