Se trata de Julio Fidalgo, dueño del Trinity College Group, vecino en Pozuelo de Alarcón del ex presidente en la lujosa urbanización Montealina y también ex director de la fundación Cánovas del Castillo, el "think tank" que dio luz a FAES. Fidalgo es socio de referencia del "Instituto Atlántico de Gobierno, IADG", creado en julio de este año por Aznar, quien se comprometió a no contratar con Administraciones Públicas.

La utilización de fundaciones permite a numerosos centros de enseñanza concertados y privados eludir el pago del IVA y del Impuesto de Sociedades por las “aportaciones voluntarias” que gira, normalmente en recibos mensuales, a las familias de sus alumnos.

La dirección del colegio concertado Juan Pablo II de Alcorcón ha enviado a las casas de los estudiantes del centro una carta criticando duramente la Ley de Identidad y Expresión de Género e Igualdad aprobada por unanimidad en la Comunidad de Madrid el pasado verano.

Los inspectores de la Comunidad de Madrid vuelven este trimestre a 167 centros a los que abrieron expediente por incumplir la normativa. Educación avisa de que pondrá sanciones si no han subsanado las irregularidades, que suponen la retirada de parte del dinero público con el que funcionan. La administración ha detectado que estos centros ofrecen servicios en bloque de pago obligatorio o no rinden cuentas adecuadamente con la Consejería.

Inversores vinculados a una rama de la familia López del Hierro y, en concreto, al empresario Francisco Javier López del Hierro Pérez Mínguez, expresidente de la cervecera Mahou San Miguel y sobrino político de la exministra de Defensa y secretaria general del PP, Dolores de Cospedal, acaban de hacer caja con la venta de buena parte de Antana Educación, grupo al que entre 2008 y 2012 el Gobierno de Esperanza Aguirre adjudicó la construcción, gestión y explotación de tres colegios de Madrid.

El juez investiga la supuesta coacción a una docente para aprobar a un alumno que ni siquiera hacía los exámenes

Directo. Última hora del coronavirus en España "Vergonzoso", "abusivo", "injusto", "un robo a mano armada"... Así definen padres y madres de colegios concertados y privados de la Comunidad de Madrid la actuación de los centros escolares de sus hijos que, tras saltar la crisis del coronavirus, comunicaron que continuarían cobrando la cuota mensual -salvo los servicios adicionales no prestados- pese a que las conexiones online y los e-mails no compensan "ni mucho menos", dicen, a las clases presenciales, especialmente en las edades más tempranas

Los sindicatos convocan paros los días 17, 18, 23, 24 y 25 de enero y el 6,7,8, 19 y 20 de febrero y acusan a las patronales de "inaceptable falta de responsabilidad" por no convocarles a ninguna reunión ni hacer propuestas

La proposición no de ley, firmada por el portavoz Rafael Hernando y registrada en julio en el Congreso, señala una a una a todas las comunidades autónomas que están revisando estos acuerdos (Comunitat Valenciana, Aragón, Castilla-La Mancha, Asturias y Extremadura) y acusa a los gobiernos regionales –todos socialistas o en coalición con socialistas– de "distorsionar" el "derecho a la libertad de enseñanza que garantiza la Constitución" al "reducir de forma injustificada unidades concertadas y/o dificultar la viabilidad de los centros concertados

Los centros Juan Pablo II de Guadarrama y Alcorcón, financiados con dinero público, conminan a las docentes a "potenciar" la feminidad en un documento interno sobre "estilo y uniformidad"La circular incluye indicaciones diferenciadas para los trabajadores y las trabajadoras. A ellas les pide "tener presente el pudor y la modestia"El colegio de Alcorcón, que separa a niños y niñas en clase, difundió una carta homófoba a las familias y ofrecía cursos de ganchillo solo para alumnas

El Gobierno regional vuelve a encontrar una nueva argucia para sortear la ley estatal de Educación o Lomloe, en este caso para poder seguir enviando fondos públicos a los centros concertados Nelva y Monteagudo de Murcia, los dos únicos colegios de la Región que todavía segregan por sexos. Las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular ya habían comenzado a posicionarse en esta cuestión, en concreto para mantener el concierto de los centros educativos que separan a los niños y niñas en instalaciones diferentes.

El Parlamento convalida el Decreto-ley que aumenta la cuantía de los módulos de los conciertos educativos por un valor total anual de 4,5 millones de euros mientras la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP) "sigue reivindicando" el abono de los sobrecostes de limpieza por la Covid-19 generado en los colegios públicos.

Soy Salvador Cruz, llevo mas de diez años en Menéame. Soy cristiano católico, estoy afiliado a Ciudadanos por Las Palmas de Gran Canaria y trabajo en un colegio concertado. Escribo artículos en esta plataforma, algunos de los enlaces que comparto llegan a portada y visito la web todos los días. Le tengo mucho cariño a la plataforma, aunque tenga un perfil minoritario en esta comunidad. Si te interesa, contesto a cualquier pregunta sobre la plataforma, mis ideas o mi trabajo.

Las niñas, con falda. No hay más que hablar. Esa es la decisión que ha tomado el colegio concertado Santa María de la Hispanidad de Madrid, en el distrito San Blas-Canillejas, a pesar de que alrededor de 320 escolares recogieran firmas el curso pasado para pedir igualdad en la vestimenta. Esto es, poder llevar pantalones largos, como sus compañeros. Las chicas alegaban que en invierno pasaban frío, que se sentían observadas, que algunas tienen complejos y que al correr en el patio se les subía la falda. Ninguna razón ha pesado lo suficiente

El material de limpieza, desinfección y protección para prevenir el contagio de coronavirus en la preinscripción presencial del próximo curso 2020-21 de las escuelas concertadas va a cargo de las titularidades de los propios centros educativos, han confirmado fuentes del departamento de Educación.

Son colegios que fueron construídos en suelo público, bajo cesiones a precios ventajosos, en los primeros años de gobierno de Esperanza Aguirre como presidenta de la Comunidad. Detrás de estos centros se encuentran grandes grupos empresariales o fundaciones religiosas de nuevo cuño, como la Fundación Educatio Servanda, que ha recibido este año cuatro millones de euros de la Comunidad por sus dos centros. Casi el 100% de los centros analizados cobra una cuota media de 142 euros al mes a las familias por servicios educativos sin especificar.

A día de hoy, después de abrirse nuevas unidades para tres años en el Tierno Galván y en el Miguel de Cervantes (concertados), 25 familias de Tres Cantos que han solicitado centros públicos no tienen plaza para escolarizar a sus hijos. Deben realizar una petición complementaria en los centros públicos en los que quedan plazas, sean (o no) cercanos a sus domicilios. Durante el proceso de escolarización los colegios públicos Carmen Hernández Guarch, Ciudad de Columbia y Tierno Galván han tenido muchas más solicitudes (99/63/50, respectivamente).

Un informe revela que el 92% de los colegios obligan a las familias a pagar las cuotas que, en teoría, son voluntarias. Los centros presionan a padres y madres mediante cuestiones como el pago del comedor, cuyo precio sube sustancialmente en caso de no pagar las cuotas, o con menos horas lectivas y actividades para ellos. "El 28% de los alumnos sufre algún tipo de exclusión si no paga las cuotas". Estos pagos "voluntarios" se han incrementado un 6% con respecto al curso anterior y llegan a superar, en algunos casos los 200 euros.