La proposición no de ley, firmada por el portavoz Rafael Hernando y registrada en julio en el Congreso, señala una a una a todas las comunidades autónomas que están revisando estos acuerdos (Comunitat Valenciana, Aragón, Castilla-La Mancha, Asturias y Extremadura) y acusa a los gobiernos regionales –todos socialistas o en coalición con socialistas– de "distorsionar" el "derecho a la libertad de enseñanza que garantiza la Constitución" al "reducir de forma injustificada unidades concertadas y/o dificultar la viabilidad de los centros concertados
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