“Muchas autoridades en España no conciben la vivienda como un derecho humano, sino como un bien de consumo”. España tiene únicamente un 1,1% de viviendas sociales. Está sólo por delante de Grecia. Holanda (32%), Austria (23%), Reino Unido (18%) o Francia (17%). La escasa inversión en vivienda social se ha reducido en más de un 50% en los Presupuestos Generales del Estado entre 2009 y 2014. Además España concentra cerca del 30% de todas las viviendas vacías que hay en Europa. Es difícil encontrar una violación de derechos humanos tan extendida.

La Generalitat Valenciana ha presentado este lunes el proyecto de Ley por la Función Social de la Vivienda de la Comunitat, que garantiza el acceso a la vivienda como un derecho subjetivo y prevé la posibilidad de expropiar inmuebles a entidades financieras.

El artículo 47 de la Constitución Española dice: “Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y…

La decisión llega a raíz de la falta de respuesta por parte del Ejecutivo a un requerimiento de la ONU el pasado verano. España fue condenada por no haber garantizado el derecho a la vivienda de una familia con menores sin recursos que fue desahuciada sin alternativa habitacional y acabó durmiendo en un coche, pese a haber solicitado una vivienda pública hasta en 13 ocasiones

El mercado no garantiza a todos los españoles por igual el derecho constitucional a acceder a una vivienda digna. La crisis económica mermó la capacidad de ahorro de las familias, pero el precio de la vivienda no ha parado de aumentar. El alquiler tampoco es una opción fácil. En muchas ciudades, los jóvenes apenas pueden alquilar una habitación. Y peor lo tienen los desahuciados, que perdieron su vivienda y el mercado les rechaza en la adquisición y en el alquiler.

¿Qué le pasa al Consejo General del Poder Judicial con la ley de vivienda y con las leyes progresistas en general? El informe contra la ley de vivienda no tumba nada pero vuelve a señalar que el Consejo encarna el frente judicial en la guerra cultural de las derechas contra la democracia y por el control del Estado. Pero no es la primera vez que ocurre esto. El CGPJ simplemente lo ha vuelto a hacer. Una vez más, tenemos un informe no vinculante en contra de una ley progresista que da derechos a personas vulnerables.

La concesión de medidas cautelares en los desahucios de #Argumosa11 trataban de evitar un daño grave e irreparable mientras persistía el peligro de vulneración del derecho humano a la vivienda. Ante la falta de cumplimiento de las medidas preventivas por parte de los tribunales nacionales, nos encontramos con un desacato por parte del Estado español de las obligaciones adquiridas mediante la firma de tratados internacionales

"En un país con más de tres millones de viviendas vacías no se puede dejar a nadie en la calle", entienden que la medida permitiría a España cumplir con su obligación internacional en materia de derecho a la vivienda, contenida en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Insisten además en que estas medidas son "indispensables" para garantizar la protección social y evitar que se produzcan situaciones de desprotección de las familias más vulnerables.

Amnistía Internacional (AI) es un movimiento de defensa de los derechos humanos, independiente de cualquier gobierno, ideología política o credo religioso. No aceptamos financiación de Gobiernos nacionales ni donaciones de partidos políticos.

Pese a que en algunos niveles la judicatura está conteniendo los peores abusos de la banca, las cúpulas judiciales están frenando las interpretaciones garantistas sobre el derecho a la vivienda.

La Coordinadora de Vivienda (que agrupa a las plataformas de afectados por la hipoteca y las asambleas de Stop Desahucios en la región), la Asociación Libre de Abogados y Abogadas y la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM) han presentado este viernes 76.773 firmas que avalan una ILP de Vivienda para que una ley regional garantice el derecho a una vivienda digna.

La cooperativa de vivienda ecosocial Entrepatios anuncia el inicio de las obras de su primera promoción de vivienda en régimen de derecho de uso, en el barrio madrileño de Usera. En Barcelona, la cooperativa La Borda ya ha terminado su primer edificio en un terreno cedido por el Ayuntamiento.

El derecho al uso de una vivienda es una modalidad a caballo entre la propiedad privada y el alquiler. Los objetivos que persigue pasan por evitar la especulación con la venta de vivienda y velar por los intereses de la comunidad que la habita. De algún modo, defiende la vuelta a la cooperativa y que ésta no sea sólo un instrumento para la construcción del edificio, sino también para su uso. En el derecho al uso, la comunidad es la propietaria del edificio. Esta práctica es habitual en el norte de Europa o en Uruguay.

La Organización de Naciones Unidas Hábitat, reconoció a Venezuela como país líder en el derecho a la vivienda, así lo informó este martes el titular de esta cartera Ildemaro Villarroel. Desde Kenia, en la ONU Hábitat, el ministro detalló que sostuvo una reunión bilateral con la República de Serbia.

Es la quinta que el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas dictamina contra el Estado español. En este caso, por el desahucio en 2018 de una familia con dos pequeños con discapacidad a la que se echó de su casa pese al riesgo de exclusión social que existía.

El PSOE, un partido para el que hace ocho meses la condición de la vivienda como bien de mercado estaba por encima del derecho de los españoles, no ha cambiado su posición: se ha adaptado.

El alcalde de Nueva York, el demócrata Eric Adams, ha pedido este martes a un juez que permita la suspensión de la obligación de la ciudad al derecho a la vivienda, justificando que su administración "no puede" albergar a todas las personas sin hogar.

El estado de bienestar en España, a diferencia de otros países de nuestro entorno, ha dejado a un lado el acceso a una vivienda digna, a pesar de figurar expresamente en la Constitución de 1978. La media de participación de la vivienda social en alquiler en el conjunto del parque de viviendas en los principales países europeos es del 18%, mientras que en España apenas supera el 1%. España no ha cumplido con los preceptos constitucionales ni de Derechos Humanos en materia de vivienda.

El Gobierno de Ada Colau está trabajando para llevar a trámite la obligación de los promotores de vivienda de obra nueva o grandes rehabilitaciones a destinar el 30% del edificio a vivienda social, han informado fuentes municipales a Europa Press este miércoles. La iniciativa plantea dos modificaciones del Plan General Metropolitano (PGM), una con las bases para obligar a crear vivienda social y otra para ampliar el derecho de tanteo y retracto a toda la ciudad, para que la administración tenga preferencia para comprar fincas [...]

¿Por qué se vulnera todos los días el derecho a la vivienda en nuestras ciudades? ¿Qué sucede en Madrid? ¿Ha traído algo de cambio la “política del cambio”?

Hubo una época en la que los portavoces de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca eran entrevistados constantemente para contar y actualizar la situación en la que se encontraban personas que estaban a punto de perder su vivienda. Hace más de una década de aquello. Estas coberturas se han ido diluyendo y desapareciendo, mientras los reportajes sobre ocupas han ido ganado presencia en la agenda mediática. Algunos programas de televisión han destinado centenares de minutos a entrevistar a portavoces de empresas de desocupación.

Comunicado de PAH’s madrileñas y grupos de vivienda tras la primera reunión con la concejalía de Equidad, Bienestar y Asuntos Sociales. Sí se puede… con medidas más ambiciosas y protagonismo de las de abajo.

No todo en esta vida es alquilar o comprar. Hay otras formas de acceder a una vivienda, como es a través del desconocido “derecho de uso”. Se trata de un modelo habitacional más asequible que está ampliamente desarrollado en los países nórdicos y que en España comienza tímidamente a desarrollarse. La cooperativa "sostre civic" es la pionera en levantar viviendas donde el cooperativista no compra la vivienda ni tampoco la alquila, sino que lo que hace es pagar una cuota mensual más económica por ser usuario de la casa de manera indefinida.

El Parlamento vasco aprobará en los próximos meses una Ley de Vivienda que garantizará el acceso a la vivienda, como un derecho exigible ante los tribunales de justicia, a las personas con escasos ingresos que no puedan disponer de un piso en el mercado libre. La ley, que penalizará con un canon y establecerá el alquiler forzoso para pisos vacíos, saldrá adelante con el apoyo del PSE, EH Bildu y UPyD, que harán valer sus 38 escaños frente a los 37 que suman el PNV y el PP, partidos que rechazan el texto.

No todo en esta vida es alquilar o comprar. Hay otras formas de acceder a una vivienda, como es a través del desconocido “derecho de uso”. Se trata de un modelo habitacional más asequible que está ampliamente desarrollado en los países nórdicos y que en España comienza tímidamente a desarrollarse. La cooperativa Sostre Civic es la pionera en levantar viviendas donde el cooperativista no compra la vivienda ni tampoco la alquila, sino que lo que hace es pagar una cuota mensual más económica por ser usuario de la casa de manera indefinida.