La Plataforma de Afectados por la Hepatitis C (PLAFHC) comenzó la semana pasada un encierro en el hospital 12 de Octubre para exigir que el medicamento que necesitan para su enfermedad se dispense a criterios médicos, sin tener en cuenta motivos económicos. Hoy el secretario de Programa, Juan Carlos Monedero se ha acercado hasta el centro hospitalario para acompañar a los enfermos y familiares.

La Guardia Civil ha inmovilizado más de una tonelada de alimentos, la mayoría caducados, tales como productos cárnicos, pescados, conservas, refrescos, cereales, azúcar y complejos vitamínicos, entre otros, en 27 establecimientos de la capital murciana, así como en Molina de Segura, Alcantarilla, Cieza, Jumilla, Caravaca de la Cruz, Cehegín, Mula, Torre Pacheco, Fuente Álamo, Lorca y sus diputaciones, Alhama de Murcia y Águilas en la Región de Murcia. Las inspecciones se enmarcan en la operación a nivel nacional denominada 'OPSON IV'

El gasto farmacéutico a través de receta realizado en el Sistema Nacional de Salud (SNS) el mes pasado fue de un total de 745,8 millones de euros, lo que supone un descenso del -1,62% con respecto al mismo periodo del año anterior.

La dificultad para el acceso de los pacientes al fármaco Sovaldi, es un eslabón más dentro de la cadena de tragedias en la que han convertido la asistencia sanitaria los diferentes partidos políticos en el ámbito estatal. Por ello resulta necesario una puesta en marcha de sistemas públicos de investigación en farmacia, así como la fabricación directa de los medicamentos que han perdido la patente y aquellos que sean considerados más necesarios con el desarrollo de genéricos.

La Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Madrid ha denunciado que los centros de salud han recibido instrucciones para derivar estas navidades las ecografías y las pruebas de neurofisiología hacia las clínicas privadas, “cuando existe una evidente infrautilización de los recursos públicos por falta de personal”.

La Plataforma de Afectados por la Hepatitis C se ha manifestado este sábado ante el Ministerio de Sanidad que el gonierno suministre Sovaldi: "Cada día nos llegan más casos de pacientes enfermos graves que no reciben el tratamiento". Todos estos casos están siendo recogidos por el gabinete jurídico de la plataforma para incluirlos en la querella criminal contra la exministra de Sanidad, Ana Mato.

La Plataforma por la Sanidad Rural de los Valles de Iguña y Anievas, constituida para reclamar al Gobierno de Cantabria mejoras en materia sanitaria, ha calificado esta semana como «decepcionante» su último encuentro con los responsables del Servicio Cántabro de Salud y anunciado que volverá a echarse a las calles para «reivindicar lo que no nos dan en los despachos».

Hay pacientes que molan y pacientes que son un engorro. Hay enfermedades majas, baratas de curar, agradecidas con los tratamientos, y otras que son una auténtica pesadez. Caras de tratar, sin cura definitiva… en fin un auténtico despilfarro, cuando se entiende la Sanidad como negocio. Los enfermos de hepatitis C tienen la desfachatez de reclamar al Ministerio de Sanidad que les suministre un fármaco –caro, eso sí- que les alivia su dolencia. Y es que son unos egoístas.

El Sistema Nacional de Salud (SNS) y los organismos sanitarios vinculados a la Seguridad Social y a Defensa (el Ingesa, el Instituto Social de la Marina y la Red Hospitalaria de la Defensa) han perdido 5.283 profesionales en el periodo comprendido entre julio de 2013 y el mismo mes de este año, de acuerdo con el Boletín Estadístico del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas, cuya última entrega ha publicado el Ministerio de Hacienda. El 63% es funcionario, el 24% es personal laboral y el 13% el resto del personal.

Hace un mes diagnosticaron a mi padre un cáncer de pulmón con metástasis en el hígado. Tras realizarle las pruebas pertinentes, los médicos concluyeron que padece un tipo de cáncer de pulmón el cuál se puede tratar con un medicamento llamado Crizotinib, que no es quimioterapia, y que mejora de manera notable la calidad y la esperanza de vida de este tipo de enfermos.

El año 2015 nace condicionado por la doble cita electoral (mayo y noviembre) que paralizarán cualquier tipo de decisión que afecte a la Sanidad pública. Sin embargo, mientras se aclara el panorama político, hay varios factores a tener en cuenta este año y que, como explica Marciano Sánchez Bayle, portavoz de la FADSP (Federacion de Asociaciones en defensa Sanidad Pública. Sanidad), “la amenaza al sistema sanitario público continúa, pese a las paralizaciones”.

"Las madres tienen la carrera de la maternidad, que no puede tener nadie más en el mundo", declaró el pasado jueves en un hospital de Estambul. Numerosas organizaciones que defienden los derechos de las mujeres han criticado las palabras del ministro turco. El presidente Erdogan ha solicitado a las turcas que tengan tres hijos, que el aborto es "asesinato" y ha criticado la práctica de las cesárea.

El Servicio Murciano de Salud trabaja según los criterios de la Unión Europea en la implantación de un sistema para controlar y medir la dosis de radiación de las pruebas a las que se someten los usuarios de la sanidad regional. Así, los pacientes podrán disponer de su propio historial de exposición a la radiación, los médicos podrán contar con más información para tratar a los pacientes y adoptar decisiones, y el sistema sanitario podrá justificar, estandarizar y optimizar las dosis de radiación a las que se someten los usuarios.

Cuba mantuvo en 2014 su más baja mortalidad infantil de 4,2 por cada 1.000 nacidos vivos lograda el año precedente, lo que la sitúa en la vanguardia mundial de ese indicador. La Salud Pública es gratuita en la isla y uno de los estandartes del gobierno comunista, pese al deterioro de las instalaciones hospitalarias consecuencia de la crisis económica.Desde hace cuatro años, las autoridades comenzaron un programa de reajuste del sistema sanitario a las difíciles condiciones económicas, tratando de concentrar recursos y hacer mas efectivo su uso.

La FADSP de Galicia ha denunciado cómo la nueva norma sobre tiempos de espera entra en contradicción con la norma actualmente vigente

El diputado de Izquierda Unida Gaspar Llamazares ha registrado dos iniciativas parlamentarias con el fin de que el Gobierno del PP ponga en marcha un ‘Comité de Crisis’ en relación a la hepatitis C. Llamazares explicó que, “al igual que se puso al frente de un comité de crisis y expertos en el caso del ébola, hay razones para que tome en sus manos la coordinación con las comunidades autónomas y los ministerios en torno al caso dramático de la hepatitis C”.

La Plataforma de Afectados por la Hepatitis C (PLAFHC) reclamó este domingo al Gobierno una partida extraordinaria de 800 millones de euros en los Presupuestos Generales de 2015 para tratar a los enfermos de mayor gravedad. Las estimaciones económicas fueron elaboradas por la plataforma a partir de datos proporcionados "por un gran número de hepatólogos", según detalló el presidente de la PLAFHC, Mario Cortés.

El conseller de Salud, Boi Ruiz, ha asegurado en una entrevista en La Vanguardia que "ni tengo mutua ni soy un pijo de la patronal" y dice que cuando termine su etapa en el Govern "volveré a mi ámbito, en mi vida ordinaria, la consultoría y las clases".

El portavoz de Sanidad de IU en la Asamblea de Madrid, Rubén Bejarano, ha anunciado hoy que "el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida ha presentado una Proposición de Ley para garantizar en Madrid las prestaciones sanitarias a toda la población. Bejarano denuncia que "hay muchos ciudadanos y ciudadanas que no ostenten la condición de asegurados ni de beneficiarios según el RD1992/2012, incluido ciudadanos extranjeros, algo incomprensible en un sistema que dice que se caracteriza como universal”.

La Xunta ha aprobado la tramitación del decreto de la Ley de Garantías Sanitarias, una norma aprobada en solitario por el PP. Todas las fuerzas de la oposición, sindicatos y colectivos profesionales del Servizo Galego de Saúde (Sergas) critican la ley, pero también el Consejo Económico y Social, e incluso es cuestionada por la Asesoría Jurídica de la Xunta, designada por el propio Gobierno, que ha expresado dudas sobre sus efectos.

El presidente de la Comunidad de Madrid, acompañado de su Gobierno en pleno, acude al Hospital de Collado Villalba para hacer balance de sus dos primeros meses de actividad de este centro, gestionado por IDC SALUD (antes CAPIO) Y que costó 20 millones de euros a las arcas públicas mientras estuvo cerrado.