La orden de un juzgado de tomar declaración a varios altos cargos de la administración madrileña impulsa la causa sobre los protocolos firmados en marzo de 2020 que impidieron ingresar en centros hospitalarios a miles de ancianos contagiados con COVID-19

Una madre de Santiago de Compostela ha solicitado que un juzgado impida la eutanasia de su hija, de 54 años y que padece esclerosis múltiple desde su juventud. La madre es "contraria a que le apliquen la eutanasia". Desde Abogados Cristianos, organización a la que ha acudido la mujer, cuestionan que la hija tenga "dolores insoportables", tal como sostiene el informe de la comisión que avala todo el procedimiento. En esta jornada, cuando facultativos acudieron para llevar a la mujer al hospital, la madre no les ha abierto la puerta.

El procedimiento está en manos de una jueza de plaza de Castilla. Fuentes de la embajada de Estados Unidos en España han declinado hacer comentarios sobre este episodio, por tratarse de un asunto que afecta a cuestiones de inteligencia. Por su parte, ha sido imposible contactar con el portavoz del CNI para recabar su versión de los hechos y una valoración sobre la gravedad de la filtración, pese a la insistencia de este diario.

“A los niños generalmente los arrestan en sus casas. Decenas de militares asaltan en mitad de la noche la vivienda, a veces rompiendo la puerta, preguntan por el niño y entran al mismo dormitorio del menor con los fusiles a despertarlo para llevárselo”. Así describe el abogado Khaled Quzmar gran parte de las detenciones de menores palestinos que la organización que dirige, Defense of Children International - Palestine (DCIP), ha podido documentar. Tras la detención, dice Quzmar a BBC Mundo, los niños son llevados a centros de interrogatorio,…

Varios activistas de Ecologistas en Acción han sido citados por el Juzgado de Instrucción número 2 de A Coruña después de que la Cámara Oficial Minera de Galicia presentara «una denuncia falsa» atribuyéndoles un «inexistente delito de coacción», que habría ocurrido el pasado 6 de septiembre cuando miembros de la organización llevaron botellas de agua contaminada de las minas de Toro en San Finx (A Coruña) a la sede de la organización.

En la mañana del 23 de febrero, la Comunidad Palestina de Cataluña ha dado el primer paso para demandar a España por mantener el comercio de armas con Israel en una situación que el Tribunal Internacional de Justicia examina como un posible caso de genocidio.“Desde la Comunidad Palestina de Cataluña decimos basta, basta de palabras y de declaraciones de buenas intenciones. Hay que pasar a los hechos y si el Gobierno no respeta ni la legalidad internacional ni sus propias leyes, haremos que rindan cuentas por ello. Porque desde Palestina necesit

Un nutrido grupo de personas se ha concentrado esta mañana frente al juzgado de Noia para protestar por los vertidos de la mina de San Finx. Lo hicieron en una convocatoria de movilización coincidiendo con la declaración ante el tribunal de los directivos de la empresa minera Tungsten San Finx.

En el centro del asunto se investiga una presunta manipulación de un audio que se habría producido en los servidores de ese departamento cuya gestión compete a una dirección general. Los Juzgados de Valladolid se negaron a investigar el presunto delito en un primer momento, y al haber conocido de la instrucción en Madrid el magistrado vallisoletano estaría maniobrando, ahora, para quedarse con la causa, que afecta a Aitor Cubo, subordinado de Sofía Puente, hermana del ministro Óscar Puente, ambos naturales de Valladolid.

Hace unas semanas, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía lanzó su particular S.O.S. en su última memoria de actividad. En el documento, de 208 páginas, el órgano que preside Lorenzo Jesús del Río advertía la urgencia en contratar más jueces y abrir más juzgados para salvar una justicia “al borde del colapso”. Dos factores han agravado la brecha. Por un lado, las sucesivas huelgas de los funcionarios, colectivo que precisamente reclama medios para diluir el tapón. Por otro, la instalación de un nuevo software de gestión judicial, Adriano