A pesar de que el gobierno estadounidense inicialmente se opuso a brindar más información acerca de la vigilancia masiva ejercida gracias a la FISA, a poco más de un año de las revelaciones de Snowden el panorama ha cambiado. Hoy, la Oficina del Director de Inteligencia Nacional hizo público el primer reporte de transparencia del gobierno de Estados Unidos.En el documento, el reporte reconoce haber afectado a cerca de 100.000 objetivos.

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) se ha adelantado a las previsiones de la Ley de Transparencia y ha puesto en práctica desde hoy diversas medidas en este ámbito que incluso llegan más allá de la norma, que entrará en vigor en diciembre. La vocal ha detallado que el portal permitirá acceso a todo tipo de datos, desde facturas de gastos menores a costes y motivos de los viajes de los vocales o contratos y resoluciones de la Mesa de Contratación. [Nota: Enlace al portal y enlace a la presentación del servicio en #1]

Catalunya és, junto con amb Castilla y León y Euskadi, la comunidad autónoma mas transparente de España. Madrid es la que ha obtenido peor resultado.

La ayuda oficial al desarrollo de España se ha reducido a un tercio desde que comenzó la crisis, aunque al menos gana en transparencia. El Gobierno pone en marcha una web con información sobre inversión, proyectos, destino y evaluaciones

España acumula suspensos en transparencia. Ahora, en el capítulo de lobbies. Lo ha constatado la ONG Transparencia Internacional en un informe financiado por la Comisión Europea y en el que ha trabajado un equipo de 21 personas a lo largo de un año. La nota final del estudio es de suspenso y en cuatro categorías España obtuvo un redondo 0 en una escala de 0 a 100.

Casi el 80 % de las mayores multinacionales no alcanza el aprobado en una prueba de la ONG Transparencia Internacional (TI) publicada hoy, que analiza cómo informan las empresas sobre sus finanzas y sus acciones contra la corrupción. Entre quienes suspenden están tecnológicas como Apple, Samsung y Google; energéticas como Shell, Vale y Gazprom; tabaqueras y farmacéuticas como Philip Morris y Pzifer; bancos y aseguradoras como Citigroup y Allianz; empresas del sector alimentario como Coca-Cola, Nestlé y McDonald's; textiles como Inditex...

Un informe de Sielocal, un portal de información económica y de infraestructuras de entidades territoriales creado por las universidades Rey Juan Carlos I y de La Laguna, sobre la aplicación de la Ley 19/2013 de Transparencia, Acceso a la Información y Buen gobierno en municipios de más de 50.000 habitantes, sitúa al Consistorio hispalense, gobernado por Juan Ignacio Zoido (PP), en el primer lugar de su ranking sobre el cumplimiento de la citada regulación.

El Gobierno nos tiene “acostumbrados” -a nuestro pesar- a una tramitación opaca de las normas y procesos con los que pretende implantar transparencia.

A raíz del escándalo en torno a los viajes de Monago, el Congreso de los Diputados ha aprobado hoy un acuerdo según el cual serán los grupos políticos los responsables de autorizar y auditar los viajes que realicen sus diputados, aunque no de forma individual, lo que convierte este acuerdo en papel mojado con el que seguirá sin resolverse el problema de la falta de transparencia en torno a esta institución.

Con la entrada en vigor de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información y Buen Gobierno, a partir del próximo 10 de diciembre la Administración General del Estado está obligada a garantizar el acceso de los ciudadanos a la información pública, incluyendo datos económicos como contratos, convenios, el desglose detallado de las partidas presupuestarias y las retribuciones anuales de los altos cargos.

El portal de transparencia a través del que la administración publicará cientos de datos se pondrá en marcha el próximo 10 de diciembre. Pero antes, el Gobierno empezará a promocionarla para darla a conocer a los ciudadanos. El Ministerio de Presidencia ha reservado una partida de 530.000 euros para las inserciones publicitarias en los medios de comunicación. Por el momento, en el Boeltín Oficial del Estado* (BOE), sólo ha aparecido uno de los contratos de la campaña, el relativo a creatividad y producción de originales de la campaña (...)

El PSOE ha renunciado hoy a repartirse con el PP las dos vocalías reservadas a parlamentarios (un diputado y un senador) del nuevo Consejo de la Transparencia y Buen Gobierno y ha propuesto elegirlas por "insaculación" o sorteo que consiste en sacar una bola de un saco del que le corresponde. Antonio Hernando, portavoz socialista, propone que cada uno de los siete grupos de la cámara proponga un candidato y que, de esos siete, se elija por insaculación al que va a formar parte del nuevo órgano en representación de esa cámara.

El Gobierno lanza este miércoles la web en la que centralizará toda la información pública a la que le obliga la ley de Transparencia.Siete cosas que no encontrarás en el Portal: 1.Información anterior a 2014 2.Datos de las comunidades autónomas y las corporaciones locales 3.Informes a los anteproyectos de ley antes de convertirse en proyectos 4. Valor catastral de los bienes inmuebles del Estado 5.Informe que aprueba las puertas giratorias 6.Información que se tenga que elaborar para el ciudadano que la pide 7. Borradores o informes internos

Entra en vigor la segunda fase de la Ley de Transparencia y Buen Gobierno, un cambio “tibio” según los expertos.Casa Real, a medias tintas en la ley

Si un ciudadano español quiere saber si un terrateniente andaluz se acogió a la amnistía fiscal del Gobierno de Mariano Rajoy, que no lo busque en el llamado Portal de la Transparencia que a las doce del mediodía de este miércoles, 10 de diciembre, ha activado La Moncloa, porque no lo encontrará. Si otro desea saber cuánto gasta el rey Felipe VI en viajes y a cargo de qué Ministerio se imputan, que tampoco lo busque en el portal, aunque puede solicitarlo siempre y cuando fundamente correctamente para qué lo quiere saber.

El partido de Pablo Iglesias califica de “ampliamente insuficiente” la Ley de Trasparencia aprobada por el...

El Portal de Transparencia que acaba de poner en marcha el Gobierno dentro de su ley estrella para la "regeneración democrática" no sólo ha evidenciado ciertas deficiencias, como la no publicación del patrimonio de 257 altos cargos. La esperada web también cae en una ocultación sorprendente, la que afecta al ministro de Defensa, Pedro Morenés. El currículum oficial que ha hecho público el Ejecutivo en este portal silencia que Morenés mantuvo una estrecha vinculación con la firma Instalaza SA, fabricante de bombas de racimo.

El Portal de la Transparencia oculta unos esquemas de incentivos un tanto perversos y desvía la atención del debate que se debería tener sobre la forma de acceso a la primera línea de la Administración.

Viñeta sobre el portal de la transparencia, por JR Mora.

El Portal de Transparencia que el Gobierno inauguró el miércoles no contiene todas las subvenciones que reciben los partidos políticos. La cifra de 83,5 millones de euros que aparece en esa página es engañosa pues sólo refleja aquellas ayudas que han percibido en 2014 de la Administración General del Estado para gastos "ordinarios", de "seguridad" y "electorales". Sin embargo, no contiene las ayudas procedentes de otras instituciones, que suponen casi dos tercios de la financiación pública de las formaciones políticas.

No son los únicos. Eso está claro. Al contrario. Ya la semana pasada les señalábamos cómo lo había hecho el director general de la Guardia Civil, Arsenio Fernández de Mesa. Pero en la web de la transparencia vemos que los dos grandes ministros económicos de Rajoy han ‘ajustado’ sus currículos para ‘ocultar’ informaciones incómodas…

El martes, 13 de enero, la Mesa del Congreso estudiará un informe de la Secretaría General de la Cámara Baja sobre las posibles normas a aplicar al amparo de la Ley de Transparencia, para hacer de Las Cortes un lugar más accesible y abierto a los ciudadanos. Según fuentes consultadas, en dicho informe se planteará, entre otras medidas, la posibilidad de dar a conocer públicamente una parte de los Presupuestos del Congreso, lo que no ha ocurrido en toda la etapa democrática.

El Tribunal de Cuentas ve irregularidades en la contratación por el Banco de España de las auditorías de la transparencia bancaria. Las encargó Economía y costaron 24 millones. Cuestiona la selección y valoración de las auditoras e, incluso, la necesidad de su trabajo, hecho con documentación y apoyo de personal del Banco de España.