Los planes de Carmena de revertir la venta de 1.860 viviendas a Blackstone resultan muy difíciles de justificar legalmente, lo que amenaza a la regidora con no poder cumplir una de sus grandes promesas. Para la alcaldesa, la operación de venta de viviendas sociales a Blackstone no fue legítima ni conforme a derecho, por lo que entiende que existe la posibilidad de revertir o rescindir los contratos judicialmente. Un proceso que, dice, “ha generado una situación de injusticia tremenda para sus inquilinos, que podían haber comprado esa vivienda".