Un joven denunciado por la policía en un lanzamiento de Bankia, ha sido condenado a siete meses de prisión y 1.200 euros de indemnización. La sombra de la privación de libertad le persigue, tras ser denunciado en un desahucio por un agente de la Policía Nacional y recibir una petición por parte de la Fiscalía de un año de prisión y 2.000 euros de indemnización. El joven ve su caso como un intento más de criminalizar a los grupos que luchan por la vivienda digna

La movilización de vecinos y activistas por el derecho a la vivienda consigue el aplazamiento del desalojo de Pepi, una viuda de 65 años, y sus dos hijas hasta que se le proporcione una vivienda alternativa. Tras 20 años viviendo de alquiler, una empresa inmobiliaria compró gran parte del bloque y aumentado los precios de los alquileres hasta un 300%.

En este caso se trata de una familia de 15 miembros y 7 de ellos se encuentran en una difícil situación, afectados por enfermedades o discapacidades graves. Según informa la Asociación Stop Desahucios, “la entidad financiera Abanca, que al parecer compró la propiedad a bajo precio, y el juzgado Número 13 de Palma insisten en desahuciar” a esta familia que vive en Llucmajor. El juzgado ha denegado este viernes atender la suspensión y el aplazamiento.

Ely es una mujer que ha enviado un mensaje de socorro: el próximo día 26 de diciembre será desahuciada de su casa en la barriada madrileña de Tetuán. Ante tal tesitura, ha mandado un mensaje en redes sociales: se quitará la vida. El vídeo de Ely está dirigido a su hija, a la que pide que la perdone. Dice que se suicidará para que su hija no tenga que dormir en la calle. Pide a la sociedad y a la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, que "si tenéis corazón conseguiréis parar mi desahucio"

Nancy tiene 39 años y una hija de 6. Si todo va conforme lo previsto, este miércoles serán desalojadas de la pequeña vivienda que habitan en Puente de Vallecas (Madrid). Su situación es particular por un motivo: la parroquia del barrio le facilitó la vivienda y sería la artífice de su desahucio, según narra la afectada y sostiene la Plataforma de Afectados de la Hipoteca (PAH) de Vallecas. Por otro lado, su caso es habitual, uno más de los 20 desahucios que se siguen produciendo al día solo en Madrid.

Ruth Mélida compareció ante el Congreso junto a Rafa Mayoral, diputado de Podemos y dio a conocer su caso. Su versión es que residía en una VPO que iba a ser desahuciada por un "fondo buitre", relato que Podemos apoyó rápidamente.Sin embargo, Ruth no figura como arrendataria porque no podía beneficiarse de él, usó el nombre de una amiga para beneficiarse de la VPO por incumplir los requisitos, ya que tiene un piso en propiedad. Además tiene ocupadas 4 plazas de garaje que no le pertenecen, con 2 coches suyos y otro de su marido y un familiar.

El número de lanzamientos hipotecarios o desahucios practicados en 2018 fue de 59.671, un 1,8% menos que un año antes, según los datos publicados este viernes por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en su informe sobre los efectos de la crisis en los órganos judiciales.La caída obedece al retroceso del 15,2% en los desahucios consecuencia de ejecuciones o embargos (18.945), en tanto que los lanzamientos fruto de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) se confirmaron al alza el pasado año al subir un 4,5% (37.285).

Una familia de Barcelona con dos hijas menores y afectada por el lanzamiento de un desahucio sorpresa ha presentado un recurso de amparo al Tribunal Consitucional (TC) contra este tipo de desahucios abiertos, que no concretan ni el día ni la hora a la que se producirá.

La Sociedad de San Vicente de Paul, a través de su abogado Juan Taberné Abad, ha reanudado los desahucios de varias viviendas de este barrio de Guadalajara a pesar de que el Ayuntamiento aprobó en enero de 2018 una moción en su contra e incluso con el propio compromiso de la entidad de no desahuciar a nadie. Se trata de una extraña operación urbanística en terrenos que han multiplicado su valor y que afecta a los hijos y nietos de decenas de adjudicatarios de VPO's de la década de 1960 a los que nunca se les terminó de ceder la propiedad.

Esta noche Nines Diego y Antonio García dormirán en la calle. Hasta ayer compartían en Pamplona una habitación que alquilaban por 250 euros al mes. Hace un año y medio el propietario del piso les dijo que quería venderlo, pero no les dio un plazo para marcharse, aseguran Diego y García. Explican que les cortó la luz, que ellos se indignaron y que dejaron de pagar el alquiler por recomendación de su abogada. Esta mañana, a las 9.30h, tres agentes de la Policía Municipal y dos secretarios judiciales han ejecutado la orden de desahucio.

La plataforma y el Sindicato de Inquilinos de Madrid alertan del peligro de desalojo de hasta diez edificios de pisos en el distrito por diferentes causas, desde la no renovación de alquileres hasta desahucios en edificios de fondos de inversión y bancos, algunos ocupados hace años en el marco de la 'Obra Social La PAH'. Piden el apoyo de los partidos políticos para negociar una solución con los propietarios, todos grandes tenedores de vivienda.

Un ritmo de entre 10 y 20 desahucios a la semana en Vallecas es insoportable. Algunos de ellos son debidos a subidas desorbitadas del precio del alquiler, otros porque una promotora alquiló viviendas sin contar a los nuevos habitantes que ya pesaba una orden de desahucio. El denominador común es que los propietarios de las casas son grandes tenedores de viviendas,viles especuladores. Debería estar prohibido por ley especular con bienes de primera necesidad y la vivienda,definitivamente,lo es. Mientras cientos de familias en toda España se enfre

Hasta 173 desahucios diarios se han ejecutado en el primer trimestre en el conjunto del Estado español según los datos hechos públicos por el Consejo General del Poder Judicial. La Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) denuncia en un comunicado publicado hoy que “El Gobierno sigue mirando hacia otro lado mientras los desahucios por alquiler siguen subiendo”.

Sara, una madre soltera con dos niños de 1 y 8 años de edad, ha sido desahuciada este martes de la vivienda de la Agencia de Vivienda Social (AVS) que ocupaba en Leganés desde el año 2016, pese a contar con un dictamen del Comité de Defensa de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (CDESC) de la ONU que recomendaba la paralización de este desalojo forzoso. Según informa la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, la familia ha sido desahuciada merced a un amplio dispositivo policial, ya que más de 10 dotaciones policiales han participado.

El número de lanzamientos hipotecarios o desahucios practicados en España en el tercer trimestre del año fue de 10.177, su nivel más bajo desde que se iniciaran los registros en 2013, tras caer un 11,9 % en tasa interanual, según publica este miércoles el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). A tenor del Informe sobre los efectos de la crisis en los órganos judiciales, esta situación obedece al nuevo desplome sufrido por los desahucios consecuencia de ejecuciones o embargos, que han bajado un 25,8 % hasta los 2.526. Aunque de forma más m

El desahucio había sido suspendido debido a la presión vecinal y se había comunicado el cierre del acta de expulsión, pero tres días más tarde ha sido ejecutado sin una nueva notificación judicial que lo ampare.

Este 22 de abril, al conocer la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid contra la diputada de la Asamblea de Madrid de Podemos Isa Serra, la Agencia EFE afirmaba que esta ha sido condenada a "19 meses de cárcel" por "intentar parar un desahucio". También ha publicado un tuit con el texto "La diputada de Unidas Podemos en la Asamblea de Madrid Isa Serra, condenada a 19 meses de cárcel por intentar frenar un desahucio".

El Gobierno Vasco ha sido condenado al pago de las costas en un procedimiento contra una de las seis personas de Stop Desahucios que fueron sancionadas por tratar de impedir el desalojo de una mujer y sus dos hijos en una vivienda de alquiler social del barrio de Zabalgana de Vitoria-Gasteiz. Stop Desahucios considera que esta sentencia es un "jaque mate a la 'Ley Mordaza'" y se pone así "punto y final" a aquella "represalia" del Gobierno Vasco, que hizo una "denuncia falsa", impuso una "sanción desproporcionada" y actuó "como juez y parte".

3.292, esta es la cifra total de ejecuciones hipotecarias realizadas en Andalucía durante 2019. Datos que sitúan a la comunidad como la segunda del país con más desahucios detrás de Cataluña. Este balance, hecho público hace un par de meses por el Consejo General del Poder Judicial, supone una bajada del nueve y medio por ciento respecto al año anterior. Durante el estado de alarma se anunció la paralización de los desahucios para no perjudicar aún más a las familias más vulnerables.

Será un juez quien decida si las pruebas que aporta son o no válidas y si se tiene o no que ir de la vivienda en función de lo que marca la ley. Sin embargo, en la misma notificación donde el juzgado le señala cuándo es la celebración del juicio –"la vista para el caso es el 16 de julio de 2020"– también remarca la cita del desahucio –el "lanzamiento solicitado" está previsto para el 24 de agosto–, justo un mes después. Y la mujer se pregunta "por qué me notifican el desahucio con el juicio sin celebrar, como si ya lo tuviera perdido sin tener

El viernes, la suspensión federal de los desahucios en propiedades con hipotecas respaldadas por el gobierno y para inquilinos que recibieron vivienda pública expiró. Según el Urban Institute esta previsión cubría hasta un 30% de todas las unidades de alquiler del país. Al mismo tiempo, 25 millones de estadounideneses dejarán de recibir su prestación por desempleo federal de 600$ semanales el 31 de Julio. Y la mayoría de suspensiones de desahucios a nivel estatal están llegando a su fin. Según una estimacíón, hasta 40M podrían verse afectados.

En septiembre finaliza la suspensión de desahucios por impago durante la pandemia. Millones de personas en ERTE o sin trabajo, pero los precios del alquiler no bajan. Expropiar las viviendas vacías y suspender desahucios son medidas urgentes

Vive en Alcalá de Henares y la presión popular ha conseguido parar su desahucio en dos ocasiones. El abogado dice que denunciará a la Administración por un delito de salud pública si la anciana se queda en la calle con coronavirus, aunque los resultados no estarán hasta el día del desahucio, como pronto.

Casi habíamos olvidado esta estampa. La violencia del dúo trágico Estado y Mercado contra las más pobres. La autorganización vecinal evitó esta vez que Mari Carmen, vecina de Bilbao de 69 años, durmiera en la calle. En los últimos tres años, han sido más de tres mil las familias vascas desahuciadas por no poder pagar el alquiler.