Alfredo Prada fue el primer presidente del Campus y usó su Visa Platinum para gastar 24.000 euros en dos años en restaurantes y viajes. El proyecto se promocionó durante años con publicidad y exposiciones de arte que juntaban cuadros impresionistas y maquetas del Campus. El actual Gobierno regional admite que se han invertido más de 100 millones de euros para "absolutamente nada".

Lleva abandonado desde el año 2010. Costó 21,4 millones de euros. Y es el único vestigio que queda del faraónico y fallido proyecto que hace más de una década ideó la expresidente madrileña Esperanza Aguirre para unificar en un solo complejo todas las sedes judiciales de la región. El Instituto de Medicina Legal del Campus de la Justicia, más conocido como el 'donut' de Valdebebas, se come cada año 176.000 euros en mantenimiento y seguridad mientras se levanta solo y sin un futuro claro en un erial de más de 200.000 metros cuadrados.

El exconsejero de Justicia en el Gobierno de Esperanza Aguirre, Alfredo Prada, ha justificado ante el juez como gastos en atención a su cargo los 24.000 euros que se abonaron entre 2005 y 2008 con la visa platinum a su nombre, pagada por el proyecto del Campus de la Justicia (CJM). Prada ha declarado este miércoles como investigado en la Audiencia Nacional por delito societario y malversación dentro de una causa abierta por supuestas irregularidades en el proyecto del CJM, por el que se llegaron a pagar 91,7 millones

Las cuentas del proyecto fallido recogen pagos a Daniel Mercado, investigado en Púnica por desviar al partido dinero de las adjudicaciones.Sus empresas Over Marketing y Traci Comunicación se encargaron de la promoción del macroproyecto durante los primeros años.Mercado ha admitido que amañaba contratos con administraciones del PP hasta que Correa le sustituyó como proveedor del partido.. "La práctica consistía en invitar a tres empresas de mi grupo en los contratos negociados sin publicidad ha ocurrido en Baleares, en la Comunidad de Madrid..

La Cámara de Cuentas y el juez a cargo de la investigación subrayan la ausencia de documentación justificativa del proyecto, la falta de criterios de racionalidad y la falta de rendición de cuentas. Unas 430 cajas con documentación dispersa y el desorden consiguiente. Sin estructura, ni correlación, ni justificantes, ni formularios, ni facturas. "El archivo físico en donde se contenía la documentación económico-financiera concerniente a la citada sociedad solo puede calificarse de verdadero caos".

El ex alto cargo de la Comunidad de Madrid ha tenido que explicar varias de sus decisiones al frente del Campus de la Justicia; entre ellas, el contrato de Andrés Gómez Gordo, exasesor de María Dolores de Cospedal y actual imputado en el 'caso Villarejo'

Iustitia: la Justicia en las Artes. El 15 de marzo de 2007, Esperanza Aguirre, entonces presidenta de la Comunidad de Madrid, inauguraba una exposición dedicada a "plasmar la importancia de la Justicia en las diferentes disciplinas", según explicó entonces el Gobierno de la región.

17 de los 20 empleados del complejo judicial de Madrid eran jefes. Todos los operarios fueron contratados a dedo, algunos por enchufe, y había nóminas de hasta 106.000 euros. Madrid malgastó 105 millones en el Campus de la Justicia, ya abandonado.

El diseño del plan sacrifica las condiciones de calidad en favor de rebajar el precio de la obra, según los técnicos que han podido revisar los documentos. El concurso, que imita la privatización de la sanidad realizada en Madrid, apenas da 40 días para preparar una infraestructura por la que se pagará un alquiler durante 30 años. La formalización del contrato de 1.700 millones de euros puede llegar con el actual presidente todavía en funciones tras los comicios de mayo.

La productora Telson cobró 900.000 euros por el vídeo del acto fundacional del Campus de la Justicia. Es una filial de Tres60, compañía muy cercana al PP. El contratista, implicado en la Gürtel, dedicó 1,5 millones a actos de promoción y propaganda. La Unión Temporal de Empresas que formaban Begar y Aldesa cobró por visitar la obra en todoterrenos, preparar la colocación de la primera piedra, filmar el evento y organizar tres visitas institucionales. rel: www.meneame.net/story/contrato-perdido-norman-foster-firmo-esperanza-a

La sociedad pública creada por Esperanza Aguirre subcontrató a una empresa por cuatro millones de euros, al tiempo que pagaba a un equipo de técnicos sin experiencia y cercanos al PP. Entre los 32 consejeros hay al menos cinco imputados.

No hay un patrón aparente para el castigo por mala conducta sexual en Yale. Más de 60 quejas formales de agresión sexual han pasado por este proceso desde 2011. Cuando la escuela encuentra evidencias de sexo no consensual, las consecuencias abarcan una amplia gama. En 15 casos Yale emitió un dictamen de "penetración sin consentimiento", "sexo no consensual" o "relación sexual sin consentimiento". Yale ha emitido 5 expulsiones. Las otras 10 instancias recibieron suspensión, libertad condicional o una reprimenda por escrito.

En febrero de este año, una víctima fue a la policía de La Vernia, Texas, con demandas de agresión sexual por los atletas de la ciudad. Mientras la investigación se desarrollaba, la policía encontró al menos 9 víctimas más de presuntos abusos, que abarcan un período de al menos tres años, por estrellas de fútbol, béisbol y baloncesto. Los jugadores del equipo universitario fueron acusados de sodomizar a sus compañeros de equipo más jóvenes con varios instrumentos, incluyendo bates de béisbol. Un total de 13 estudiantes han sido arrestados.

Campus de la Justicia de Madrid, la empresa creada en 2005 por la Comunidad de Madrid para levantar un complejo administrativo en la capital, ha contratado de forma indirecta a una empresa de Ricardo Fernández Gil, marido de la Viceconsejera de Justicia de la Comunidad de Madrid, Elena González-Moñux.

El Campus de Justicia de Madrid continúa dando que hablar. A los 105 millones de euros malogrados y al contrato con el arquitecto Norman Foster que no aparece, hay que sumarle un nuevo frente: la utilización de la sociedad que desarrollaba el complejo para contratar informes sin utilidad. Los datos y la disposición de dicho informe son idénticos a los publicados en la página 8 del anuario del CGPJ de 2011 'La justicia' dato a dato. Solo cambia el color del gráfico.

Los tres grupos de la oposición en la Asamblea de Madrid han criticado la falta de colaboración del PP a la hora de esclarecer las sombras del macroproyecto Campus de la Justicia, iniciado por el Gobierno de Esperanza Aguirre y que dilapidó hasta 105 millones de euros. En la sesión de la Comisión de la Deuda la oposición ha cargado contra la falta de concreción del primer compareciente, el viceconsejero de Presidencia y Justicia, Enrique Ruiz Escudero, que se ha limitado a informar de la inversión anual sin desglosar conceptos...

El líder del PP era entonces asesor de Prada, quien firmaba con Esperanza Aguirre los contratos millonarios del secarral. Este contrato, firmado por Alfredo Prada y por Aguirre, le adjudicaba al estudio de Norman Foster la construcción de los edificios del Tribunal Superior de Justicia de Madrid y de la Audiencia Provincial en el Campus de la Justicia. Apelando al “artículo 210 b de la Ley de Administraciones Públicas” se otorgaba directamente a Foster dichos proyectos con la excusa de “la singularidad artística y arquitectónica..

Exposiciones con valor cercano al millón de euros como la muestra "La Justicia en las Artes" patrocinada por el campus de la Justicia y diseñada por personas del entorno de Aznar. Otro ejemplo es la edición del libro "Campus de la Justicia.10 años" con una tirada de 1.500 ejemplares. Abono de los trabajos realizados por una empresa privada para crear el logo de esas instalaciones judiciales, nunca más se supo de esos diseños. El portavoz PP en la Asamblea de Madrid reconoce que hubo despilfarro.

Campus de la Justicia, la empresa 100% pública que creó la Comunidad de Madrid para intentar ubicar en un solo complejo todas las sedes judiciales de Madrid, se gastó 4,8 millones de euros en fastos, que incluyen exposiciones, premios, ferias, viajes, material de 'merchandising' e incluso libros... así hasta 30 actividades.

La Guardia Civil pone la lupa sobre las cuentas del proyecto estrella de Esperanza Aguirre e Ignacio González, desde el que se habrían desviado fondos a empresarios de la trama Púnica para alimentar la caja B del partido. Granados fue consejero-presidente del Campus de la Justicia desde 2008 hasta 2012.. "el descontrol en el gasto en dicha empresa pública ha sido notorio" ya que el proyecto estaba presupuestado en 500 millones de euros y "habrían existido adjudicaciones a empresas vinculadas a otros investigados en la trama como OHL"..