El líder del PP era entonces asesor de Prada, quien firmaba con Esperanza Aguirre los contratos millonarios del secarral. Este contrato, firmado por Alfredo Prada y por Aguirre, le adjudicaba al estudio de Norman Foster la construcción de los edificios del Tribunal Superior de Justicia de Madrid y de la Audiencia Provincial en el Campus de la Justicia. Apelando al “artículo 210 b de la Ley de Administraciones Públicas” se otorgaba directamente a Foster dichos proyectos con la excusa de “la singularidad artística y arquitectónica..
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