Desde ningún punto de vista puede establecerse en el Decreto 463/2020, de 14 de marzo, que regula el estado de alarma, la prohibición, como de facto se ha hecho, de la circulación libre de las personas, por mucho que la pandemia del covid-19 lo justifique. Pues si así se pretendía hacerlo, el gobierno debería de haber acudido al estado de excepción. No cabe olvidar, que de facto, millones de españoles, llevan desde el 14 de marzo de 2020, hasta la fecha, más de un mes confinados en sus hogares.

....el decreto de alarma. El ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, ha defendido este miércoles que "si hay acuerdo" entre las comunidades autónomas, "no hay ningún problema" en modificar el decreto del estado de alarma, en aspectos como el horario del toque de queda.

El Constitucional se ha partido en dos mitades en el debate sobre el estado de alarma y su posible inconstitucionalidad. Cinco magistrados sostienen que el Gobierno llevó a cabo una correcta gestión de la emergencia sanitaria al utilizar la declaración del estado de alarma como paraguas legal para acordar el confinamiento. Otros cinco consideran que esa decisión fue equivocada porque la orden de permanecer en los domicilios entrañó una suspensión de derechos fundamentales y que debió darse declarando previamente el estado de excepción.

"La portavoz del Ejecutivo y ministra de Hacienda, María Jesús Montero ha dicho en la rueda de prensa posterior al Consejo que ha suprimido del decreto los artículos 9 y 10 del decreto del estado de alarma, que contemplaba esta restricción entre las 23.00 y las 6.00 horas".

El Tribunal Supremo reconoce que no es competente para estudiar, avalar o tumbar el Real Decreto-Ley del pasado mes de marzo que impuso "medidas urgentes extraordinarias" del el estado de alarma para combatir el coronavirus. En un auto dictado la semana pasada la sala de lo contencioso-administrativo rechazó una petición cautelar de un abogado recordando que "carece de jurisdicción para conocer de la impugnación de los Reales Decretos-Leyes", extendiendo la negativa a "actos del Gobierno con valor de Ley" señalando por tanto el camino hacia…

La sentencia que considera inconstitucional el estado de alarma decretado por el Gobierno en marzo de 2020 para combatir la crisis sanitaria prescindió de varios párrafos de la ponencia inicial que se mostraban comprensivos con la voluntad del Gobierno para salvar vidas, si bien eso no afectaba al sentido final del fallo del Tribunal Constitucional.

El Tribunal Constitucional revisará la legalidad de la declaración del estado de alarma al admitir a trámite el recurso del grupo parlamentario de Vox contra el real decreto y las tres prórrogas posteriores para hacer frente a la pandemia de la COVID-19. En su primer pleno no presencial de la historia, los magistrados han acordado por unanimidad la admisión de ese recurso al cumplir con todos los requisitos formales, lo que no implica por el momento ningún pronunciamiento, solo abre su recorrido en el tribunal.

El Tribunal Constitucional asumirá el próximo miércoles el estudio de la legalidad o no del decreto por el que se acordó el estado de alarma, después de que el Tribunal Supremo haya dictado un auto en el que rechaza resolver sobre esta cuestión, por entender que es competencia del tribunal de garantías. La vía por la que el Constitucional va a asumir el estudio de este asunto será la admisión a trámite de un recurso de inconstitucionalidad presentado por el grupo parlamentario de Vox.

Los socialistas alegan en este texto la necesidad de llevar a cabo los cambios por la sentencia del TC de 2021 en la que, alegan, "ha cerrado la puerta a la aplicación de un estado de alarma descentralizado". "La reforma del parámetro de constitucionalidad empleado por el máximo interprete de la Constitución es, de facto, la única forma de garantizar la participación de las Comunidades Autónomas",

Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. «BOE» núm. 67, de 14 de marzo de 2020, páginas 25390 a 25400 (11 págs.) BOE-A-2020-3692

Libertad de movimientos, libertad de empresa, derecho a la educación, libertad de culto... El estado de alarma no permite la suspensión de ningún derecho fundamental, pero sí modular su ejercicio e incluso limitar otros. Y eso es precisamente lo que hace el decreto del Gobierno en las medidas con las que trata de frenar la propagación del virus en todo el territorio nacional. Mientras algunos juristas consultados por ABC tildan el texto del Consejo de Ministros de «correcto», otros subrayan importantes carencias en materia de regulación de medi

La vicepresidenta primera asegura en el Congreso que el objetivo es que el estado de alarma cubra las cuatro fases previstas en la desescalada: "Hablamos de salir de esta situación muy pronto, de terminar las fases de desescalada", asegura.

El lehendakari someterá estas medidas al criterio de los expertos del comité LABI en una reunión que debe concretarse esta misma semana, y no ha precisado qué medidas podría cubrir ese decreto.

Esos reales decretos no habrían tenido validez sin la firma del Rey. Y, en unas circunstancias en las que hemos visto a varios jefes de Estado de nuestro entorno contagiados por el coronavirus, y en las que por desgracia una epidemia tan devastadora lleva a tantas miles de personas a las UCI hospitalarias, expertos consultados por LOC coinciden en que España debe cruzar los dedos para que Don Felipe mantenga su salud...

Duro reproche del presidente de Castilla-La Mancha, el socialista Emiliano García-Page, a su compañero de filas y jefe del Gobierno central, Pedro Sánchez, por no intentar prolongar el estado de alarma para seguir luchando contra la pandemia de la covid-19. Concretamente, el dirigente autonómico ha deseado que "ojalá no se produzca una nueva ola importante en España", puesto que si la hubiera "supondría políticamente un adiós para algunos", ha advertido antes de sentenciar que "toda decisión o toda gestión por parte de las administraciones...

Los afectados por un ERTE cobrarán de media 860 euros y hasta un máximo de 1.098 La prestación por desempleo tiene un límite por trabajador sin que sea necesario un ERTE, de esta forma lo máximo que puede cobrar una persona que no tiene hijos son 1.098,09 euros, si tiene un hijo 1.254,96 y si tiene dos hijos 1.411,83 euros

QUE HAYA FIRMADO si: 1º cumplimiento deviene imposible como consecuencia medidas estado d alarma 2º no se obtiene acuerdo revisión contrato en plazo 60 día. En el plazo de 14 días el consumidor puede declarar resuelto CUALQUIER CONTRATO QUE HAYA SUSCRITO. Incluso una compraventa inmobiliaria puesto que el RD no excluye ningún contrato. El RD no especifica exige acreditar que la prestación deviene imposible.

Un tema de fuentes del Derecho. Los criterios de determinación de la sanción deben estar recogidos en ley previa a la comisión de los hechos; y según la Ley 40/2015 puede haber desarrollo reglamentario para su "graduación", sin alterar la regulación legal. Entonces, ¿qué es esto? Según la comunicación son sólo una "indicación de carácter orientativo para los órganos instructores" que emite el Ministerio. O sea: que los criterios de determinación de la sanción tienen que estar en una Ley (o graduados en un reglamento). Pero el Ministerio dicta…

El coronavirus ha entrado por la puerta grande. Ya tenemos decretado el estado de alarma y anunciadas una serie de medidas para frenar su impacto. A pesar de las lógicas discrepancias en el seno del Gobierno y de una oposición más dedicada al oportunismo político que a arrimar el hombro (como siempre, más o menos) se están tomando decisiones para que la economía no se resienta y tanto empresarios como trabajadores puedan capear el temporal. ¿Pero qué pasa con los millones de ciudadanos que ahora mismo no están en ninguno de esos sectores? ¿Qué

En el momento de publicar estas líneas (25 de marzo de 2020) está a punto de vencer la declaración de estado de alarma acordada por el Consejo de Ministros a través del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. Su prórroga requiere la autorización del Congreso de los Diputados, momento a partir del cual se puede hablar, en palabras del profesor Pedro Cruz Villalón, de un estado de alarma “parlamentario” o, cuando menos, “medio

La primera opción planteada por el presidente catalán es el «levantamiento» del estado de alarma, vigente desde el 14 de marzo. «Esto nos permitiría tomar las decisiones que consideramos adecuadas», ha dicho. La segunda opción sería mantener el estado de alarma «solo en algunos territorios». «Si el Gobierno del Estado quiere mantener el estado de alarma puede hacerlo de forma parcial y que solo afecte a determinadas comunidades autónomas, las que no tengan competencias o que quieran que sus decisiones las tome el Estado, quizás hay alguna»...

El PNV ya piensa en la próxima prórroga del estado de alarma para hacer frente a la covid-19 y, por eso, ha instado este miércoles al Gobierno a que empiece desde ya a preparar el terreno para negociar las medidas futuras de la alarma. Entre las eventuales propuestas, el Grupo Vasco podría apuntar hacia un estado de alarma territorializado en función de la afectación de las distintas zonas del país.