Desde hace un mes la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal se tramita en el Congreso, a través de dos iniciativas: El Proyecto de Ley Orgánica de modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para el fortalecimiento de las garantías procesales y la regulación de las medidas de investigación tecnológica y el Proyecto de Ley de modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para la agilización de la justicia penal y el fortalecimiento de las garantías procesales.

La reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal entrará en vigor este lunes, dos meses después de su publicación en el BOE. La nueva norma introduce cambios como los límites a la instrucción judicial, las medidas contra la 'pena de telediario' o el cambio del término 'imputado' por el de 'investigado'. Relacionada: Aprobada la Ley de Enjuiciamiento Criminal: así afecta a tu privacidad www.meneame.net/story/aprobada-ley-enjuiciamiento-criminal-asi-afecta-

El Pleno del Congreso debatía este martes la toma en consideración de una Proposición de Ley de Unidas Podemos para derogar el plazo máximo de seis meses, ampliables a 18, en la instrucción de los casos de corrupción que recoge la Ley de Enjuiciamiento Criminal aprobada por el Gobierno de Mariano Rajoy.

La Ley de Enjuiciamiento Criminal llegó, y llenó los titulares de los medios de comunicación. El titular es, como siempre, la punta de un iceberg, que solo sirve para decorar y para fijar la vista en ella y que no se vea que el pastel está hecho de basura: el cambio de la palabra “imputado” y la división en “investigado” y “encausado” en función de en qué punto del proceso se encuentre.

El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco ha preguntado a las fiscalías si procede declarar complejas cada una de las investigaciones que lleva, cerca de un centenar ya que ningún de ellas va a poder finalizarla antes de los seis meses que exige la nueva Ley de enjuiciamiento criminal que hoy entra en vigor.

La ley, aprobada en el Senado esta semana, permite a la Policía instalar troyanos e interceptar comunicaciones para investigar delitos informáticos. Delitos que ni la propia ley llega a definir.

El presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, ha admitido esta semana que España no está preparada para luchar contra el tsunami de corrupción que nos invade. Como si fuera el chiste de la semana, el egregio prócer ha achacado esa falta de preparación a la ley de Enjuiciamiento Criminal, de 1882, que estaba “pensada para los robagallinas, pero no para el gran defraudador, no para los casos que estamos viendo ahora donde hay tanta corrupción”.

Lo que preveía el sector jurídico ha terminado pasando. El Gobierno decidió poner en marcha la Ley de Enjuicimiento Criminal el pasado 6 de diciembre y jueces, fiscales y abogados alertaron sobre el riesgo que corrían medio millón de procesos de ser automáticamente archivados. El motivo es que la ley otorga solo seis meses de plazo a los fiscales para revisar estas causas, algo que este martes han insistido en que será imposible de cumplir. Señalan al Gobierno y a la Fiscalía General.

Critican la falta de colaboración de los Secretarios Judiciales así como la carencia de la herramienta informática precisa para el cumplimiento de la Ley de Plazos

Esto de la prensa de tribunales empieza a ser un poco como Sálvame, una endogamia creativa en la que paren sus propios entes, los lanzan, los explotan y después tienen que lidiar con sus desechos. Con el programa televisivo, son los personajes los que aparecen de la nada, en realities y otros formatos de bajo coste y audiencia fiel; pasan por las tertulias, disfrutan de su momento de gloria, y después hay que aguantarlos hasta en la sopa.

Una jueza ha rechazado la petición de la Fiscalía para que calificara una causa como compleja con el fin de ampliar hasta los 18 meses su plazo de instrucción, pese a que las diligencias no presentan otra dificultad que la lentitud de su tramitación por falta de medios.

Declaraciones del portavoz de Jueces para la Democracia, Joaquim Bosch, sobre la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

La Asociación Profesional Independiente de Fiscales (APIF) ha advertido de que el anteproyecto de Ley de Enjuiciamiento Criminal acentuará la diferencia de tratamiento legislativo entre la llamada "casta" y el resto de ciudadanos al contemplar medidas "invasivas" de investigación que difícilmente se aplicarán sobre aforados.

Lo más preocupante que los márgenes de discrecionalidad de la ley es la nebulosa tras la que se diluye la custodia de la información obtenida. Se deja en manos del juez la decisión sobre la utilidad del material intervenido, pero, ¿qué ocurrirá con los datos privados a los que se ha tenido acceso cuando estos no tengan relación con delito alguno? ¿Quién garantiza que no serán nunca utilizados? Nadie. Cualquiera, sin saberlo, puede haber intercambiado correos con un tercero que haya sido investigado, y es imposible asegurar que alguien...

Rights International Spain (RIS) y la Coordinadora contra la Tortura denuncian la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal ante la ONU y el Consejo de Europa. Comité de Derechos Humanos recomendó a España en 2009 suprimir definitivamente el régimen de incomunicación para los detenidos, el nuevo texto permite mantenerlo durante 13 días

La reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal afina, tras su paso por el Senado, el control en lo que respecta a las investigaciones de los delitos informáticos. Con la nueva redacción, el agente encubierto en Internet necesitará “autorización específica” para poder intercambiar “por sí mismo” archivos ilícitos por su contenido. Antes de los cambios del Senado, en casos de material pedófilo existía el riesgo de que el agente encubierto incurriera en una incitación al delito, lo que hubiera sido inconstitucional.

El Congreso de los Diputados ha aprobado este jueves de forma definitiva, gracias a la mayoría del PP, la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LeCrim), que entre otros aspectos pone límites a la instrucción penal y sustituye la denominación de 'imputado' por la de 'investigado'; y también la eliminación del papel en los Juzgados. También incluye modificaciones dirigidas a evitar la conocida como 'pena de telediario' por la difusión en los medios de imágenes de los detenidos. El cambio legal intenta además evitar las macrocausas.

Gracias a la trilogía de la represión que constituyen el código penal vigente, la Ley de Enjuiciamiento Criminal y la Ley Mordaza, la libertad de expresión está sufriendo en este país, una regresión de tintes claramente autoritarios. El Relator Especial de Naciones Unidas sobre la protección de los derechos humanos en la lucha contra el terrorismo señala claramente que los actos de terrorismo han de tener la intencionalidad de causar muerte,heridos graves o tomar rehenes;propósito de atemorizar o intimidar a la población,u obligar a un gobierno

El pasado miércoles en el Congreso Díaz ya marcó distancias con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que apuntó a la posibilidad de reformar la LeCrim, para atraer a Junts para votar a favor de la Ley de Amnistía. www.eldiario.es/politica/yolanda-diaz-cuestiona-reforma-ley-enjuiciami Hace 4 días www.eldiario.es/politica/ultima-hora-actualidad-politica-directo_6_108

La polémica reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que estableció un plazo máximo de seis meses para cerrar la investigación de las diligencias penales, ampliable a dieciocho meses para las de especial complejidad, acaba de generar el primer archivo de una causa por haber trascurrido ese periodo sin que haya llegado a su término.

En España los fiscales consideran que todavía hay diferencias entre las personas:las que no pueden ser ofendidas y las que sí.Los fiscales nunca se ha personado de oficio contra los bancos que emitieron las acciones llamadas “preferentes”,ni contra “las claúsulas suelo” de las hipotecas,que se han demostrado abusivas..no ha intervenido nunca para defender a los usuarios de las tarifas abusivas de las eléctricas ni para evitar los injustos desahucios..la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal impulsada por el gobierno y aceptada por Psoe..

La abogacía barcelonesa plantea así una modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para brindar una solución 'rápida y ágil' a la ocupación de inmuebles

Armada muestra especial preocupación por el hecho de que en el proyecto de nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal sea el fiscal instructor el que seleccione "los elementos que, por su interés informativo, pueden ser transmitidos a la ciudadanía". Según advierte el presidente de Reporteros Sin Fronteras España, esto le otorga al Ministerio Público "un papel de redactor jefe que no le corresponde". En su opinión, este cambio legislativo "limitará de facto la libertad de información".