Se acabó tener que pedir cita previa para realizar algún trámite. El Govern ha anunciado hoy que eliminan la obligatoriedad instaurada en varios servicios durante la pandemia de coronavirus. Ahora se podrá acudir directamente a la administración sin tener que agendar una visita previamente para ser atendidos. Otra de las medidas anunciadas es la gratuidad del teléfono de información ciudadana 012 de la Generalitat, que asumirá el coste del servicio, entorno a los 1,2 millones de euros. El 061 se mantiene de pago porque es competencia del Estado

El Gobierno se ha comprometido a poner fin en esta legislatura a la cita previa obligatoria en las oficinas de la Administración Pública a través de la modificación en la Ley de Procedimiento Administrativo Común. "Para interaccionar con la Administración no hace falta tener una cita previa obligatoria", ha recalcado el ministro de Transformación Digital y de la Función Pública, José Luis Escrivá, durante su comparencia en la Comisión de Hacienda y Función Pública celebrada este miércoles en el Congreso de los Diputados.

Según ha podido saber Al Primer Toque de Onda Cero de fuentes de la Policía, el Frente Atlético y Riazor Blues no quedaron para pelearse previamente vía Whatsap. En los móviles incautados a los ultras no hay ningún mensaje que aluda a una quedada para pelearse.

La Xunta quiere que el acceso a las playas de Galicia se regule a través de cita previa. El Gobierno autonómico ha presentado una plataforma que se ofrecerá a todos los ayuntamientos para anticiparse a la previsible afluencia de visitantes en las zonas costeras. Pueden utilizarla de forma voluntaria. Esta herramienta permitirá a los ciudadanos obtener una acreditación para acceder a una playa determinada en una fecha seleccionada, con un mecanismo similar al empleado en la playa de As Catedrais.

Superada la pandemia, se suponía que se superarían también sus peculiaridades, pero aún quedan instituciones que han visto abrirse el cielo con eso de la cita previa y la mantienen contra viento y marea.

Una vez pasada la excepcionalidad sanitaria derivada de la pandemia, ¿existe alguna norma que permita a las administraciones públicas imponer una cita previa obligatoria como lo están haciendo? No; y no solamente no la hay, sino que las que hay dicen lo contrario. Partiendo de la norma suprema, la Constitución, esta obliga a la Administración a servir con objetividad a los intereses generales. Y como ha recordado el Tribunal Supremo, «el interés general o público pertenece y beneficia a los ciudadanos, no a la Administración como organización.

El titular del Ejecutivo gallego señaló que durante el covid pudo ser necesario aplicar con «toda a intensidade» la cita previa obligatoria, pero «non tiña sentido mantela».