El Ayuntamiento de Madrid, liderado por Manuela Carmena, ha mostrado su ‘mano dura’ después de que dos de las concesionarias de limpieza de la capital, OHL y Valoriza, anunciaran la reactivación del Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) –por el que sus trabajadores se quedan sin trabajo 45 días al año. El Consistorio ha amenazado a las empresas con aplicar “las sanciones más altas contempladas en los respectivos contratos” si no retiraban de manera “definitiva” los ERTE, según han señalado a través de un comunicado de prensa.

Los ERTE se han convertido en una de las palabras más sonadas durante la crisis del coronavirus. La sigla hace referencia a los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo, que son la herramienta que se está impulsando desde el Gobierno y los agentes sociales para evitar los despidos. Algunos trabajadores han conocido este mecanismo al mismo tiempo que el fraude al que sus jefes les están sometiendo: les incluyen en un ERTE, con la suspensión de su contrato o la reducción temporal de su jornada, pero les están haciendo trabajar con normalidad.

La ministra de Trabajo negocia para prorrogar y amoldar de nuevo los expedientes temporales de regulación de empleo. Con la desescalada, esta costosa herramienta –el Gobierno calcula que dedicará casi 18.000 millones de euros a los ERTE este año– está llamada a acarrear nuevas condiciones, además del compromiso de mantenimiento del empleo: “Estudiamos nuevas garantías para que, ante los enormes beneficios que reciben por un ERTE, no puedan acogerse empresas que tengan sede en algún paraíso fiscal o estén repartiendo dividendos”