La ministra de Trabajo negocia para prorrogar y amoldar de nuevo los expedientes temporales de regulación de empleo. Con la desescalada, esta costosa herramienta –el Gobierno calcula que dedicará casi 18.000 millones de euros a los ERTE este año– está llamada a acarrear nuevas condiciones, además del compromiso de mantenimiento del empleo: “Estudiamos nuevas garantías para que, ante los enormes beneficios que reciben por un ERTE, no puedan acogerse empresas que tengan sede en algún paraíso fiscal o estén repartiendo dividendos”
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