El nuevo real decreto-ley 18/2020 incorpora algunas mejoras para los trabajadores, pero también pérdida de derechos que ya se consideraban garantizados

El BOE del 31 de octubre recoge el Real Decreto-ley 14/2019 aprobado el pasado viernes, en el último Consejo de Ministros del Gobierno en funciones antes de las elecciones, por el que se adoptan medidas urgentes por razones de seguridad pública en materia de administración digital, contratación del sector público y telecomunicaciones. El Gobierno ha aprovechado este Decreto Ley para añadir una nueva justificación al cierre exprés de páginas web u otros servicios de comunicaciones digitales.

www.boe.es/boe/dias/2020/01/22/ JEFATURA DEL ESTADO Medidas urgentes (subirme el sueldo) Real Decreto-ley 2/2020, de 21 de enero de 2020, por el que se aprueban medidas urgentes en materia de retribuciones en el ámbito del sector público.

La segunda parte de la reforma de las pensiones continúa dando dolor de cabeza a José Luis Escrivá, ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, que no consigue aunar los apoyos suficientes para sacar adelante la norma. Los agentes sociales dan la espalada al ministro, que tampoco encuentra gestos afirmativos entre las fuerzas políticas que han posibilitado la aprobación de otras reformas. Mientras, Bruselas se cansa de esperar el cumplimiento de un compromiso que debería haber llegado antes del 1 de enero

La Plataforma en Defensa de la Libertad de Información (PDLI) pedirá hoy en el Congreso a los miembros de la Diputación Permanente que voten en contra de la convalidación del Real Decreto-ley 14/2019, de 31 de octubre, por el que se adoptan medidas urgentes por razones de seguridad pública en materia de administración digital, contratación del sector público y telecomunicaciones, publicado en el Boletín Oficial del Estado núm. 266, de 5 de noviembre.

El BOE de hoy recoge el Real Decreto-Ley de aprobación de medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia. Se trata de una norma de 172 páginas, con rango de ley, que entra en vigor hoy y que incluye aspectos que van desde los registros civiles hasta los depósitos bancarios pasando por el aumento de plazas en el Ejército, actos sobre una exposición de Picasso, becarios, hoteles en los puertos o los precios del gas natural, entre muchas otras cosas. Todo ello sin pasar por el Congreso.

La nueva ley lleva a muchos propietarios a subir aún más los precios y a discriminar a ciertos inquilinos. Los propietarios de viviendas no se la quieren jugar con el alquiler. El cambio de reglas impuesto por el real decreto ley aprobado por el Gobierno el pasado mes de marzo ha sido la estocada definitiva para los caseros más miedosos. Ante el nuevo escenario, ya han tomado medidas de blindaje que están perjudicando a quienes buscan casa de alquiler.

El Gobierno ha dado luz verde a un nuevo real decreto de medidas urgentes en materia de vivienda y alquiler que está previsto que entre en vigor este sábado y que, aunque no introduce medidas para regular los precios, sí incluye novedades para incentivar la oferta y mejorar la protección de los más vulnerables.

La norma acordada por PP, PSOE y Ciudadanos no establece sanciones para los que decidan no adherirse al sistema extrajudicial de reclamaciones ni para los que lo hagan pero se nieguen a devolver todo el dinero.

El Consejo de Ministros ha aprobado el Real Decreto-ley por el que se adoptan medidas urgentes de apoyo a entidades del Tercer Sector de Acción Social de ámbito estatal. Se establecen un conjunto de ayudas extraordinarias a favor de las principales entidades del Tercer Sector de Acción Social de ámbito estatal que desarrollan su labor a favor de diversos colectivos especialmente afectados por la Pandemia de la COVID-19 como son, entre otros, las personas mayores, la infancia y la adolescencia, el pueblo gitano, los diversos colectivos...

La asociación recuerda que el artículo 36 del Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al Covid-19, recoge que los usuarios tienen derecho a resolver "durante un plazo de 14 días" aquellos contratos -ya sea de compraventa de bienes o de prestación de servicios- que sean imposibles de cumplir como consecuencia de las medidas que adopten las autoridades.

Hoy ha sido ella, y mañana, tal vez, cualquiera de nosotras.

QUE HAYA FIRMADO si: 1º cumplimiento deviene imposible como consecuencia medidas estado d alarma 2º no se obtiene acuerdo revisión contrato en plazo 60 día. En el plazo de 14 días el consumidor puede declarar resuelto CUALQUIER CONTRATO QUE HAYA SUSCRITO. Incluso una compraventa inmobiliaria puesto que el RD no excluye ningún contrato. El RD no especifica exige acreditar que la prestación deviene imposible.

El ministro de Consumo, Alberto Garzón, explica en este vídeo por qué se va a realizar un Real Decreto,a pesar de ser un procedimiento más lento, en lugar de un Real Decreto Ley para regular la publicidad del juego. Optamos por el real decreto para regular la publicidad del juego, a pesar de sus limitaciones, porque era un tema de máxima urgencia y cambiar una ley es un proceso extremadamente largo. Eso no significa que renunciemos a nuestro objetivo, sólo que lo alcanzaremos gradualmente.

El uso del Decreto Ley para regular aquello que no era urgente ni extraordinario, sino más bien problemático para el Gobierno, es poco democrático y ya están en vigor sin que el Parlamento se haya pronunciado. ¿Es constitucionalmente legítimo? ¿Se puede usar el Real Decreto Ley (RDL) para regular todo lo que el Gobierno quiera sin debate público?No se puede hurtar el debate sobre ciertas medidas cuando no hay necesidad para ello. El gráfico y la tabla explicativos.

Varapalo para los inquilinos y alivio para los grandes arrendadores. El sector inmobiliario estaba pendiente del decreto ley que podía marcar un punto de inflexión en las reglas que dan forma al alquiler en Cataluña, sentando un precedente para el resto de España. La intervención pública en el mercado del alquiler está ganando fuerza en Europa y Cataluña podía haber sido la primera región que diera un paso importante en esta materia en España. Sin embargo, el Parlament ha tumbado de forma inesperada el decreto ley que incluía la limitación de l

El ministro de Cultura y Deporte, José Guirao, ha confirmado este martes que está previsto que el Consejo de Ministros apruebe el próximo viernes un decreto ley que modifique la Ley de Memoria Histórica para activar el proceso de exhumación de los restos mortales de Francisco Franco.

La vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, ha informado hoy de la aprobación del decreto ley para modificar dos puntos de la Ley de Memoria histórica para exhumar los restos de Franco del Valle de los Caídos porque "no se puede perder ni un solo instante" para esta tarea.

También diría que fue escandaloso en Legislaturas anteriores, cuando se acudió a esta figura contando el Gobierno -por ejemplo, el presidido por Mariano Rajoy entre 2011 y 2015- con mayoría absoluta en el Congreso de los Diputados, lo que le permitía sacar adelante sin problema alguno, pero con “luz y taquígrafos”, cualquier proyecto legislativo gubernamental: en el período 2011-2015 los Decretos-leyes supusieron casi el 50% del total de normas legales aprobadas (76 sobre 160).

En conceto, el decreto ley supone la modificación de la Ley 18/2009 del 22 de octubre de Salud Publica y la adopción de medidas urgente para hacer frente al riesgo de brotes de la covid-19. En la normativa aprobada se introduce un nuevo apartado que faculta a la autoridad sanitaria a tomar medidas relacionadas con “la limitación de actividades, el desplazamiento de las personas y la prestación de servicios en determinados ámbitos territoriales”,

El Gobierno de España reunido en pleno el Congreso de los Diputados en asamblea excepcional ha aprobado por unanimidad un decreto ley en el cual, cualquier ciudadano que posea el carnet de conducir clase B podrá conducir autobuses y camiones sin límite de tonelaje. El decreto ley sólamente exige a los nuevos conductores tener 18 años cumplidos y la comparecencia de 35 horas en un centro autorizado CAP de la comunidad autónoma en la que resida.