Más de la mitad de las autonomías “hicieron caja” en 2022 tras el incremento del Gobierno en los presupuestos. Cada 12 minutos muere una persona esperando la prestación.

Las ayudas a las personas en situación de dependencia, que valoran, gestionan y otorgan las comunidades autónomas, siguen sin llegar a sus destinatarios, que pese a tener el derecho reconocido a recibirlas, causan baja en casi el 20% de los casos -la mayoría por fallecimiento- antes de obtenerlas. A día 31 de marzo, último dato disponible, un total de 253.346 dependientes con prestación asignada no la habían recibido. Alrededor de 102.000 tenían reconocidos grados II y III, los más severos, frente a 151.400 de grado I.

La sentencia por la que el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (TSJCM) ha 'tumbado' la orden por la que el Gobierno regional modificaba las ayudas a la dependencia en dicha comunidad puede salirle muy cara a María Dolores de Cospedal.

Las movilizaciones de la Plataforma en Defensa de la Ley de Dependencia en Castilla-La Mancha contra la gestión de María Dolores de Cospedal no se interrumpen ni en la jornada de reflexión. Hoy presentan ante la Consejería de Presidencia y Administraciones Públicas de Castilla-La Mancha 100 de las 1.854 reclamaciones que esta asociación está gestionando después de que el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (TSJCM) tumbara la orden por la que el Gobierno regional modificaba las ayudas a la dependencia en dicha comunidad.

Los efectos de los recortes aplicados por el gobierno de Rajoy siguen dejando a su suerte a los dependientes y siguen debilitando del sistema. Una de cada cinco personas que entró en lista de espera por tener un grado de dependencia reconocido falleció antes de ser atendida. Son más de cien mil.

La Junta de Castilla y León ha reducido drásticamente la prestación económica para cuidados en el entorno familiar a una mujer gran dependiente incumpliendo además el nivel mínimo de protección y cobertura establecido legalmente por el Gobierno

El Ejecutivo no ha presentado una cifra concreta de aumento de financiación a las comunidades autónomas ante la incertidumbre sobre los Presupuestos Generales La inyección anunciada de 500 millones debía desencallar la lista de espera de 269.000 dependientes que aguardan la prestación: la tienen concedida pero no la cobran "La voluntad es intentar hasta el final que se produzca ese incremento", dicen en el Ministerio de Sanidad y Bienestar Social

El de la dependencia es un sistema "en situación demolición controlada". Es el diagnóstico –apoyado en las cifras que mes a mes hace públicas el Ministerio de Sanidad– que hace la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales.

CCOO denuncia que hay un 30,97% de dependientes con derecho a prestación que aún no reciben las ayudas.

En algunos casos la Justicia da la razón a las familias y obliga a pagar a las comunidades autónomas a los herederos desde que la persona afectada solicita el reconocimiento de un grado de dependencia hasta su fallecimiento. Otros jueces deniegan la indemnización a los herederos alegando que si nunca se llegó a fijar la cantidad económica no se consolidó el derecho a la prestación y por tanto, no se puede reclamar..

El segundo mayor concurso del Ayuntamiento sirvió para adjudicar el Servicio de Atención Domiciliaria de Barcelona por un importe de 191.661 612,82 euros. Desde entonces, el 50% de estos servicios están gestionados por la empresa Servisar-DomusVi, cuyo trabajo han querido denunciar ahora desde la Plataforma SAD de Catalunya.

La justicia obliga a una mujer a devolver más de 10.000 euros que recibió durante dos años en concepto de subsidio para mayores de 55 años

Los dependientes han alzado de nuevo la voz contra María Dolores de Cospedal, a la que acusan de mantenerles en situación de “exclusión social” al no pagarles la ayuda a la que tienen derecho. La Plataforma en Defensa de la Ley de Dependencia de Castilla-La Mancha se ha hecho eco los últimos datos oficiales sobre la aplicación de esta norma en la región y ha revelado que casi 9.500 dependientes no reciben prestación o servicio alguno. Relalcionada: bit.ly/1lhRnyJ

El número de altas de cuidadores no profesionales de personas dependientes en la Seguridad Social en la provincia de Alicante ha descendido en 5.670, desde que gobierna Rajoy. Según los datos del Gobierno recogidos en esta respuesta parlamentaria, la evolución de cuidadores no profesionales de personas dependientes afiliados a la Seguridad Social en la provincia de Alicante pasó de 6.094 en el año 2011 a ta solo 424 en julio de este año.

La Plataforma en Defensa de la Ley de Dependencia en Castilla-La Mancha denuncia que María Dolores Cospedal ordenó,estando ya en funciones,recurrir la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha que anuló la orden de su gobierno por la que recortaron las ayudas y prestaciones a las personas dependientes..el Gobierno del PP “como el Cid Campeador ganará una batalla después de muerto, aunque desgraciadamente es muy posible que se lleve también por delante a más grandes dependientes que fallecerán a la espera de la resolución

Así lo refleja la Encuesta de Condiciones de Vida elaborada por el INE. Más de tres millones de hogares españoles (el 16,4%) contaba en 2016 con al menos una persona dependiente. Además, el 36,6% de los hogares con personas dependientes y que reciben cuidados a domicilio los pagó con "dificultad" o "mucha dificultad".

El drama de las personas dependientes continúa. En 2016 fallecieron en España más de 40.000 sin haber recibido la prestación a la que tenían derecho. Este año esta cifra puede superar las 34.000 muertes. Según denuncia la Asociación estatal de directores y gerentes de servicios sociales, cada día más de 100 dependientes pierden la vida sin haber recibido la prestación o el servicio que merecían. Así se recoge en el informe del Observatorio Estatal de la Dependencia del primer semestre del año presentado esta semana.

Cataluña es la comunidad autónoma con más personas dependientes en lista de espera, según el último balance del Sistema de Atención a la Dependencia, que revela que casi cuatro de cada diez dependientes (37,1%) de esta región no recibe la prestación o servicio a la que tienen derecho por ley tras ser evaluados, un dato que supera en 12,6 puntos porcentuales la media española (24,5%).

Mientras España sigue sin Gobierno, más de 256.000 personas permanecen en vilo: las dependientes con su derecho a una prestación reconocido pero en lista de espera para recibirla. La fila durante este tiempo, lejos de menguar, ha aumentado, y lo ha hecho dependientes valorados con Grado II y III. Es decir, dependencias severas y grandes. Según datos del Imserso, la suma de esos dos grupos era en enero de 98.577 personas; a 31 de julio, de 105.393, 6.816 más. De Grado I, moderados, la cifra se mantiene estable alrededor de 151.000.

El cuidado de dependientes sigue recayendo en mujeres, que optan por el trabajo a tiempo parcial para disponer de más tiempo con este fin, según datos publicados este miércoles por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Así, el número de ocupados que optó por trabajar a tiempo parcial en 2020 para tener más tiempo para cuidar a personas dependientes se redujo un 7,4%. En concreto, la cifra se situó en 305.600 personas, de las que 286.100 (el 93,6%) eran mujeres.

Discapacitados y dependientes, acompañados de familiares y amigos, han tomado este sábado las calles de Valencia para exigir la retirada del copago impuesto por el Consell que "condena a la exclusión" a estas personas y "a la desaparición" a los centros y servicios que las atienden.

La Consejería de Sanidad y Asuntos Sociales usa términos despectivos y nada técnicos para hacer referencia a las ayudas a las personas en situación de dependencia y sus familiares. En la nota de prensa remitida a los medios de comunicación en el día de hoy, y que también pública en su propia web la Consejería que dirige José Ignacio Echániz Salgado se refiere a las ayudas que reciben los familiares por el cuidado de dependientes como (citamos textualmente) “las llamadas ‘nominillas’ que se daban por cuidados familiares”.

En un comunicado de prensa la Plataforma en Defensa de la Ley de Dependencia en Castilla-La Mancha señala que "acaba de tener conocimiento, una vez más, de otro caso en la localidad de Almagro (Ciudad Real) en el que "se deja sin protección alguna a un niño gran dependiente en una situación, tanto médica como social, muy muy delicada." El niño al que se deja sin prestación alguna "tiene 13 años, está en edad de escolarización obligatoria, con un retraso psicomotor severo y espectro autista".