La Asamblea General Extraordinaria del Ilustre Colegio de Abogados de Guipúzcoa ha aprobado este viernes el cambio de su denominación por Ilustre Colegio de la Abogacía de Guipúzcoa, al considerar que abogacía es la palabra que se «adecua al ejercicio inclusivo de la profesión de abogado y abogada».

El Supremo multó con 3.000 euros al ex presidente de la Generalitat, hoy prófugo de la Justicia, por "mala fe" en su estrategia procesal por su escaño como eurodiputado y pidió al ICAM que estudiase la apertura de un expediente a su representante legal. No hay amparo para Gonzalo Boye, el abogado de Puigdemont. El Colegio de Abogados de Madrid (ICAM) ha rechazado este martes, por unanimidad, conceder protección al letrado frente al Supremo.

El independentismo prepara dos ofensivas consideradas vitales en su hoja de ruta: el control del Colegio de Abogados de Barcelona (ICAB) y el de la Universidad Politécnica de Cataluña (UPC), dos de las principales instituciones catalanas. Este ‘asalto’ se complementa con el de otros colegios profesionales que irán a elecciones próximamente y que se utilizarán para desgastar al Gobierno español tanto institucional como internacionalmente. Esta planificación resulta de una estrategia dirigida desde plataformas independentistas, entre ellas, la As

La Junta de Gobierno del Colegio, uno de los más grandes de Europa, lleva a los tribunales la presunta filtración por parte de la Fiscalía de Madrid del pacto propuesto por el abogado de la pareja de Isabel Díaz Ayuso asumiendo dos delitos fiscales. El decano y su equipo suscribieron en nombre del Colegio un comunicado contra la ley de amnistía.

El ayuntamiento de Sestao y el Colegio de Abogados de Bizkaia han conseguido parar el desahucio de 30 familias en el municipio.En vista del éxito, y a pesar de que el número de expedientes es menor este año, el consistorio prorrogará otros 6 meses más el acuerdo para prestar asistencia legal gratuita a las familias de Sestao.

En septiembre los Colegios de Madrid y Granada han iniciado los paros en protesta por el proyecto de Ley de Justicia Gratuita, mientras que Málaga iniciará la suspensión del servicio durante el mes de octubre. Por su parte, la Abogacía Gallega y el Colegio de Abogados de Córdoba han puesto en marcha, respectivamente, un proceso de información a los ciudadanos sobre los efectos de la reforma de la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita y han decidido movilizar a sus colegiados para mostrar su oposición a la ley en tramitación parlamentaria.

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha abierto expediente sancionador a nueve colegios de abogados de toda España por presunta infracción de la Ley de Defensa de la Competencia al haber aplicado sobrecostes en el cálculo de las tasas de las demandas contra el proceso de salida a bolsa de Bankia.

El Ilustre Colegio de Abogados de Valencia (ICAV) ha donado, como cada año, el 1% de su presupuesto anual (un total de 88.000 euros) a 31 entidades dedicadas a proyectos sociales. En la lista de “cheques solidarios” figura también la Asociación Valenciana para la Defensa de la Vida, una entidad fundada en 1979 que forma parte de la Federación Española de Asociaciones Provida, uno de los más activos movimientos contra el derecho de las mujeres al aborto.

He ejercido por tres decenios esta profesión y apenas me siento parte de ese colectivo. Ni la tenencia de un viejo carnet me vincula más allá de la obligación legal. Es más, portarlo me abochorna. Si por esa convicción me consideran elitista, entonces pocas veces me he sentido tan merecidamente halagado, porque el Colegio de Abogados ha sido una honorable afrenta.

Carta de Carlos-Carnicer en nombre de los 83 Colegios de Abogados y de los 250.000 abogados colegiados Sobre la ley de Asistencia Jurídica Gratuita. me he dirigido con carácter urgente trasladándole nuestro malestar y queja con respecto a la redacción actual del proyecto, pidiéndole su implicación personal y un diálogo “concreto, urgente, reflexivo, abierto y sincero” sobre los aspectos aún no resueltos de la Ley, que ponen en riesgo un servicio fundamental para garantizar el derecho de defensa de los más vulnerables.

Vulnera varios puntos del código de conducta con su nueva condición de investigada y todavía preside la Sección de Derecho Militar. La Asociación Libre de Abogadas y Abogados ha solicitado formalmente su cese.

Yousseff T., natural de Marruecos, explica que le pidieron "150 euros y que si no los ingresaba no me podían dar un abogado. "Una responsable del servicio reconoce que, en ocasiones, se pide una cantidad previa pero que luego "se devuelve". Tras ser contactado por eldiario.es, el colegio concede finalmente un letrado de oficio al inmigrante a pesar de que no presentó ninguna documentación

El Ilustre Colegio de Abogados de Madrid (ICAM) acaba de estrenar una sección dedicada al derecho de los animales y lo hace con la abogada María Girona Ayala al frente. La misma letrada protagonizó hace algo más de un año, en enero de 2018, una charla sobre violencia de género organizada por el colectivo neonazi Hogar Social Madrid.

Además, se ha dirigido al Defensor del Pueblo para que promueva recurso de inconstitucionalidad contra la medida y consultará a los colegiados la idea de hacer huelga del 11 al 31 de ese mes

Tras varios meses de debates y la aprobación de la Junta General el Colegio de Abogados de Madrid ha presentado una demanda contra el gigante informático IBM por los tremendos problemas con el proyecto tecnológico llamada “Colegio 3.0”.

La actual decana del Colegio de Abogados de Madrid (ICAM), ha denunciado que el dueño de la escuela de negocios ISDE, Alejandro Pinto, le ha pegado y la ha amenazado. Gumpert ha apoyado en las elecciones al ICAM a Javier Íscar mientras que Pinto ha dado su apoyo a José María Alonso, presidente de Baker & McKenzie.

Los colegios de abogados recuerdan que los países miembros tienen la obligación de atender a los refugiados en virtud del derecho comunitario. Según explica, el derecho de la UE en lo relativo al asilo y refugio está recogido en el artículo 14 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y en artículo 18 de la Carta de Derechos Fundamentales de la UE. Además la UE, en desarrollo de todo ese conjunto de derechos, ha fijado un cuerpo de rigurosas normas comunes que constituye lo que denomina Sistema Europeo Común de Asilo (SECA).

El director del centro escolar obligó al menor (contando con una edad de 12 años) a desvelar las claves de acceso seguridad del teléfono móvil, con lo cuál, una vez desbloqueado y contando con el auxilio del auxiliar del departamento informático se procedió a examinar los archivos y las carpetas del mismo (fotografías, vídeos, histórico de navegación, etc.). Es decir, se produjo un acceso inconsentido a información personal del menor (consentimiento que en cumplimiento del RDLOPD, al tratarse de menores de 12 años correspondería a sus padres).

Las facultades de Perugia, Milán y Bolonia previenen a sus alumnos de Derecho tras el escándalo relacionado con la Rey Juan Carlos

Cinco años después de que ETA abandonase la violencia, el gobierno del PP se niega a mover fichas en las cárceles. Uno de los ejemplos más notorios se traduce en kilómetros: la política de dispersión, puesta en práctica a principio de los años noventa, sigue tan vigente como entonces. Tampoco ha habido cambios en torno a los reclusos gravemente enfermos, que continúan en prisión. De los 351 presos de ETA y de otras organizaciones de la izquierda abertzale que existen actualmente, sólo dos están en cárceles del País Vasco.

Gonzalo Boye on Twitter: "Acabo de presentar mi renuncia como profesor en el Centro de Estudios del @icam_es ante todo coherencia y dignidad #Seguimos…

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Madrid ha concluido que ejercer de abogado sin estar dado de alta en el Colegio de Abogados no supone un delito de intrusismo, tal y como solicitaba el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid en el recurso contra el archivo de la querella criminal que presentó contra un letrado por formar parte de un proceso penal cuando estaba de baja en el Colegio.

Un total de 67 letrados y letradas se adhieren al escrito de impugnación leído durante la Junta General Extraordinaria que aprobó mantener la actual denominación en una votación que fue "un despropósito", según argumentan