Desde hace un mes la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal se tramita en el Congreso, a través de dos iniciativas: El Proyecto de Ley Orgánica de modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para el fortalecimiento de las garantías procesales y la regulación de las medidas de investigación tecnológica y el Proyecto de Ley de modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para la agilización de la justicia penal y el fortalecimiento de las garantías procesales.

La reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal entrará en vigor este lunes, dos meses después de su publicación en el BOE. La nueva norma introduce cambios como los límites a la instrucción judicial, las medidas contra la 'pena de telediario' o el cambio del término 'imputado' por el de 'investigado'. Relacionada: Aprobada la Ley de Enjuiciamiento Criminal: así afecta a tu privacidad www.meneame.net/story/aprobada-ley-enjuiciamiento-criminal-asi-afecta-

Declaraciones del portavoz de Jueces para la Democracia, Joaquim Bosch, sobre la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

La Asociación Profesional Independiente de Fiscales (APIF) ha advertido de que el anteproyecto de Ley de Enjuiciamiento Criminal acentuará la diferencia de tratamiento legislativo entre la llamada "casta" y el resto de ciudadanos al contemplar medidas "invasivas" de investigación que difícilmente se aplicarán sobre aforados.

El Pleno del Congreso debatía este martes la toma en consideración de una Proposición de Ley de Unidas Podemos para derogar el plazo máximo de seis meses, ampliables a 18, en la instrucción de los casos de corrupción que recoge la Ley de Enjuiciamiento Criminal aprobada por el Gobierno de Mariano Rajoy.

La Ley de Enjuiciamiento Criminal llegó, y llenó los titulares de los medios de comunicación. El titular es, como siempre, la punta de un iceberg, que solo sirve para decorar y para fijar la vista en ella y que no se vea que el pastel está hecho de basura: el cambio de la palabra “imputado” y la división en “investigado” y “encausado” en función de en qué punto del proceso se encuentre.

Rights International Spain (RIS) y la Coordinadora contra la Tortura denuncian la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal ante la ONU y el Consejo de Europa. Comité de Derechos Humanos recomendó a España en 2009 suprimir definitivamente el régimen de incomunicación para los detenidos, el nuevo texto permite mantenerlo durante 13 días

Lo más preocupante que los márgenes de discrecionalidad de la ley es la nebulosa tras la que se diluye la custodia de la información obtenida. Se deja en manos del juez la decisión sobre la utilidad del material intervenido, pero, ¿qué ocurrirá con los datos privados a los que se ha tenido acceso cuando estos no tengan relación con delito alguno? ¿Quién garantiza que no serán nunca utilizados? Nadie. Cualquiera, sin saberlo, puede haber intercambiado correos con un tercero que haya sido investigado, y es imposible asegurar que alguien...

Alberto Ruiz Gallardón y Rafael Catalá han conseguido en cuatro años algo impensable hasta sus respectivas llegadas al Ministerio de Justicia: poner de acuerdo en algún tema a la mayoría de jueces y fiscales. Pero no para respaldar su gestión, sino para criticarla y, en algunos casos, para descalificarla con contundencia. Gallardón se sacó de la manga la implantación de tasas y hasta amagó con congelar la creación de nuevas plazas para jueces y fiscales.

El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco ha preguntado a las fiscalías si procede declarar complejas cada una de las investigaciones que lleva, cerca de un centenar ya que ningún de ellas va a poder finalizarla antes de los seis meses que exige la nueva Ley de enjuiciamiento criminal que hoy entra en vigor.

La ley, aprobada en el Senado esta semana, permite a la Policía instalar troyanos e interceptar comunicaciones para investigar delitos informáticos. Delitos que ni la propia ley llega a definir.

Gallardón ha comenzado este miércoles la campaña de márketing de su Ley de Enjuiciamiento Criminal. El ministro ha anunciado las teóricas novedades de la futura norma que, según ha vendido el ministro de Justicia, acabará con los "privilegios" de los cargos públicos cuando declaran ante el juez. A efectos prácticos, esas limitaciones suponen que ya no podrán testificar por escrito o en su despacho, como ocurre en la actualidad y como hizo hace bien poco Esperanza Aguirre, que sigue siendo diputada en la Asamblea de Madrid.

El presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, ha admitido esta semana que España no está preparada para luchar contra el tsunami de corrupción que nos invade. Como si fuera el chiste de la semana, el egregio prócer ha achacado esa falta de preparación a la ley de Enjuiciamiento Criminal, de 1882, que estaba “pensada para los robagallinas, pero no para el gran defraudador, no para los casos que estamos viendo ahora donde hay tanta corrupción”.

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha recordado este miércoles que ningún derecho, incluyendo el de la información, es "absoluto" después de que el PP aprobara ayer modificar la Ley de Enjuiciamiento Criminal para proteger la imagen de los detenidos, tras arrestos como el del exvicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato. Catalá ha negado que la enmienda transaccional que aprobó la Comisión de Justicia suponga una prohibición de la emisión de imágenes de detenidos y ha precisado que habrá que desarrollar y establecer procedimientos que ...

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, se ha comprometido a estudiar la posibilidad de mejorar la redacción del artículo 520.1 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para limitar la difusión de imágenes de los detenidos, conocida popularmente como la 'pena de telediario'.Así lo ha trasladado el titular de Justicia a representantes de la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE), la asociación de Editores de Diarios Españoles (AEDE) y el Foro de Organizaciones de Periodistas (FOP)

La reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal afina, tras su paso por el Senado, el control en lo que respecta a las investigaciones de los delitos informáticos. Con la nueva redacción, el agente encubierto en Internet necesitará “autorización específica” para poder intercambiar “por sí mismo” archivos ilícitos por su contenido. Antes de los cambios del Senado, en casos de material pedófilo existía el riesgo de que el agente encubierto incurriera en una incitación al delito, lo que hubiera sido inconstitucional.

El Congreso de los Diputados ha aprobado este jueves de forma definitiva, gracias a la mayoría del PP, la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LeCrim), que entre otros aspectos pone límites a la instrucción penal y sustituye la denominación de 'imputado' por la de 'investigado'; y también la eliminación del papel en los Juzgados. También incluye modificaciones dirigidas a evitar la conocida como 'pena de telediario' por la difusión en los medios de imágenes de los detenidos. El cambio legal intenta además evitar las macrocausas.

La polémica reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que estableció un plazo máximo de seis meses para cerrar la investigación de las diligencias penales, ampliable a dieciocho meses para las de especial complejidad, acaba de generar el primer archivo de una causa por haber trascurrido ese periodo sin que haya llegado a su término.

En España los fiscales consideran que todavía hay diferencias entre las personas:las que no pueden ser ofendidas y las que sí.Los fiscales nunca se ha personado de oficio contra los bancos que emitieron las acciones llamadas “preferentes”,ni contra “las claúsulas suelo” de las hipotecas,que se han demostrado abusivas..no ha intervenido nunca para defender a los usuarios de las tarifas abusivas de las eléctricas ni para evitar los injustos desahucios..la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal impulsada por el gobierno y aceptada por Psoe..

Gracias a la trilogía de la represión que constituyen el código penal vigente, la Ley de Enjuiciamiento Criminal y la Ley Mordaza, la libertad de expresión está sufriendo en este país, una regresión de tintes claramente autoritarios. El Relator Especial de Naciones Unidas sobre la protección de los derechos humanos en la lucha contra el terrorismo señala claramente que los actos de terrorismo han de tener la intencionalidad de causar muerte,heridos graves o tomar rehenes;propósito de atemorizar o intimidar a la población,u obligar a un gobierno

La abogacía barcelonesa plantea así una modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para brindar una solución 'rápida y ágil' a la ocupación de inmuebles

Armada muestra especial preocupación por el hecho de que en el proyecto de nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal sea el fiscal instructor el que seleccione "los elementos que, por su interés informativo, pueden ser transmitidos a la ciudadanía". Según advierte el presidente de Reporteros Sin Fronteras España, esto le otorga al Ministerio Público "un papel de redactor jefe que no le corresponde". En su opinión, este cambio legislativo "limitará de facto la libertad de información".